El impacto de la piratería sobre el sector audiovisual en Colombia y Latinoamérica

Hace unos años la industria del entretenimiento conoció el concepto “piratería”. La música se vio afectada por la falsificación de los productos originales para ofrecerlos a menor costo y calidad.

Años después, este fenómeno se transformó en piratería audiovisual y básicamente migró a las plataformas de streaming, lo que perjudica a todos los agentes de la cadena de valor del mercado, y pone en riesgo la sana competencia y los incentivos económicos de todo el sector audiovisual.

En Latinoamérica hay cerca de 98 millones de hogares con banda ancha, y de ellos, 40,8% consume contenido ilegal. En un año pasaron de 33,3% a 40%, registrando un aumento de 7,5%. Esto se ve reflejado en pérdidas anuales.

Las de la industria fueron de US$7.600 millones y en los distintos países fueron de US$1.350 millones, además, se perdieron cerca de 40.000 empleos.

“Desde el punto de vista legal y comercial, la piratería también socava los modelos de negocio de las plataformas digitales y los canales de televisión que adquieren derechos legítimos de transmisión. Afecta la exclusividad de los contenidos, uno de los principales diferenciadores de valor, y, por lo tanto, reduce el atractivo comercial para anunciantes, patrocinadores y aliados estratégicos”, afirmó Fernando Azuero Holguín, VP jurídico de Win Sports.

También señaló que, en Colombia, si bien existen herramientas jurídicas para la protección de derechos de autor y conexos, “la aplicación efectiva de estas normas es todavía limitada frente a la magnitud del problema. Esto se debe tanto a barreras tecnológicas como a la falta de una respuesta coordinada entre autoridades, operadores de telecomunicaciones y titulares de derechos”.

De 8.287 estudiados, 49,6% ha consumido contenido de forma ilegal, siendo Colombia el segundo país de la región con mayor consumo de este, con 50%. Lo que los usuarios desconocen es que se exponen a riesgos significativos en materia de seguridad, pues permiten el acceso a las cuentas bancarias y sus contraseñas, a la información del disco duro de sus dispositivos, a la cámara y el micrófono, al historial, la configuración y también permiten la instalación de aplicativos.

Por su parte, las consecuencias se traducen en que los titulares de los derechos dejan de ganar por cuenta de la propiedad intelectual y los países con la recaudación de impuestos.

“Limitar la respuesta al componente de conciencia ciudadana sería insuficiente. Este es un problema que requiere una aproximación integral: robustecimiento del marco legal, cooperación internacional, desarrollo de herramientas tecnológicas de detección, respuesta rápida por parte de las autoridades, y sobre todo, compromiso real de los actores del ecosistema digital —incluyendo plataformas tecnológicas, proveedores de internet y sistemas de pago— para desincentivar y bloquear el acceso a contenidos ilegales. En ese sentido, la concientización del usuario es necesaria, pero debe estar acompañada de medidas estructurales que protejan tanto los derechos de los creadores como la seguridad y confianza digital de la ciudadanía”, afirmó Fernando Azuero Holguín, vicepresidente jurídico de Win Sports.