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El tramo Puerto Salgar-San Roque debía haber sido entregado en febrero de este año.
El sueño de conectar el interior del país con la costa Caribe volvió a coger impulso, luego de que el Gobierno anunciara el 21 de octubre la retoma del segundo tramo de la Ruta del Sol, adjudicado en 2009 al consorcio Ruta del Sol S.A.S. cuyo principal accionista era Odebrecht.
Aunque las obras correspondientes al tramo entre Puerto Salgar (Cundinamarca) y San Roque (Cesar) debían ser entregadas en febrero de este año, tardarán cuatro años más en estar listas, pues, según dijo el ministro de Transporte Germán Cardona, luego de realizar el sobrevuelo a la vía, “calculo que esta vía debe estar terminada más o menos para 2020 o 2021”.
¿Cómo se llegó a esa retoma? Cuando parecía que todo marchaba sobre ruedas, llegaron los tropiezos. En abril de 2016, Ruta del Sol S.A.S. demandó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) por $700.000 millones aludiendo problemas de orden social, ambiental, predial y de redes públicas y, además, solicitó un plazo adicional de dos años para entregar las obras.
Meses más tarde, en diciembre de 2016, estalló el escándalo de sobornos de Odebrecht. Por tal motivo, el Gobierno inició la liquidación de ese contrato. En febrero de este año, el consorcio acordó liquidar el contrato y devolver el proyecto, pero la multinacional brasilera dilató el proceso hasta el punto en que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tuvo que ordenar al consorcio, a través de medidas cautelares, entregar a la ANI desde la infraestructura hasta las licencias ambientales, predios y cuentas de cobro.
Precisamente, en virtud del auto del 14 de septiembre de 2017 proferido por ese mismo tribunal (a solicitud de la Procuraduría), el Instituto Nacional de Vías (Invías) recibió el 20 de octubre, por parte de la ANI, 605 kilómetros, de los cuales 215 corresponden a doble calzada y 390 a calzada sencilla.
Aquí, además de la troncal Puerto Salgar-San Roque, está la Transversal Río de Oro-Aguaclara-Gamarra cuya acta de inicio se había firmado en noviembre de 2014 y estaba previsto que fuera entregada en 2019.
Según MinTransporte, el avance general de las obras de la troncal es de 52,72% mientras que el de la transversal es de 29,9%. Entonces, ¿cuál es el paso a seguir? Según explicó Cardona, “la responsabilidad del Gobierno a través del Invías es hacer las obras por más de $630.000 millones en inversiones en licitaciones públicas”.
Así se llegaría a cerca de 60% de la obra terminada, es decir, que el Invías, durante dos años, estaría a cargo, de más o menos 7% del corredor vial. Sobre el restante, el ideal es que un tercero lo finalice. “Sacar a licitar ese 40% a través de una concesión para que el que se la gane la opere por 15 o 20 años más”, dijo Cardona.
“La responsabilidad del Gobierno a través del Invías es hacer las obras por más de $630.000 millones en inversiones en licitaciones públicas”.
“Es fundamental que el Gobierno contrate pronto la interventoría para que los cronogramas se puedan cumplir dentro de los tiempos. Si no, será una obra eterna”.
Por esto, paralelamente, la ANI adelantará la construcción de la nueva APP, la cual podría estar lista a mediados o finales de 2018.
De esta manera, el Invías se convierte en un actor fundamental, pues tendrá tres tareas: mantenimiento rutinario, recaudo de los peajes y la estructuración, licitación y adjudicación de los contratos para los cinco tramos cuyos prepliegos ya están publicados en el sistema electrónico de contratación pública (Secop).
Dichos prepliegos fueron anunciados por la entidad el pasado 26 de julio y contemplan un presupuesto total de $588.450 millones y un plazo de ejecución hasta diciembre 31 de 2019. “La reanudación de las obras está sujeta a que se cuente con los recursos que se han solicitado al Ministerio de Hacienda correspondientes a vigencias futuras y que ascienden a $630.000 millones”, informó el Invías.
En relación con el mantenimiento rutinario, el 23 de octubre inició el proceso para contratar cuatro administraciones viales (por $554 millones), y 22 microempresas (por $1.116 millones). Los procesos se llevarán a cabo en las direcciones territoriales de Cesar, Santander, Ocaña y Tolima.
Para el primer departamento habrá cuatro microempresas que atenderán 92 kilómetros; el segundo tendrá siete con 245 kilómetros; el tercero tendrá también siete para 157 kilómetros, y por último Tolima con cuatro empresas para el mantenimiento de 101 kilómetros.
Este proceso “se desarrollará a través de la figura de menor cuantía lo que permitirá que en un lapso no mayor a ocho días (hábiles) se haya hecho la respectiva adjudicación”, Sin embargo, habrá que hacer una respectiva licitación para el mantenimiento rutinario del próximo año.
Julián Cardona, expresidente de la Asociación Colombiana de Ingeniería (Aciem), dijo que es fundamental que se desarrolle una interventoría precisa y los cronogramas se puedan cumplir dentro de los tiempos. “Si no, se va a convertir en una obra eterna”, concluyó.
