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A propósito del retrovisor que se hará en el IX Congreso Nacional de Infraestructura sobre el modelo de participación privada desde los noventa, es conveniente profundizar sobre el dolor de cabeza -que han sido desde entonces y hoy están más vigentes que nunca- de las licencias ambientales.
Desde la primeras concesiones en los noventa con el inicio de las dobles calzadas en el Valle del Cauca, la malla vial del Meta o la Bogotá-Villavicencio, comenzó a ser evidente que el Gobierno entregó los proyectos con estudios básicos sobre el trazado para contar con los permisos necesarios y las demoras en la aprobación de las licencias ambientales.
Con los lineamientos del Conpes de 1995 se pasó a la segunda generación de concesiones en el que se fijó una mayor exigencia en los niveles de detalle de los estudios y diseños, es decir que todos deberían contar con una fase III. Esto no sucedió, prueba de ello fue el descalabro del caso Commsa, pero sirvió para fortalecer la institucionalidad del Estado, con la creación de dependencias especializadas tanto en el Invías como en Planeación Nacional.
La tercera generación de concesiones (2002-2007), trajo consigo la creación del Instituto Nacional de Concesiones, que es recordado más por la rotación de sus gerentes, de los cuales algunos salieron por escándalos de corrupción, que por las concesiones que otorgó.
Tanto la deficiencia del Estado para estructurar proyectos que garanticen licencias ambientales, como la complicidad de los contratistas de participar en dichos procesos a sabiendas de sus debilidades, han generado un círculo vicioso de proyectos adjudicados que luego tienen retrasos por la falta de permisos.
Tal es el caso de la Ruta del Sol, el proyecto más grande en materia vial en ejecución en este momento, el cual está frenado en algunos sectores del tramo I y II por falta de licencias ambientales.
Si Colombia quiere mejorar en competitividad urge darle una solución a este problema, toda vez que las licencias ambientales no deben ser el dolor de cabeza de las concesiones, sino un instrumento más que garantice un equilibrio. Para ello se requiere un mayor fortalecimiento institucional y mayor coordinación entre las autoridades. Ojalá que esto se refleje en la cuarta generación de concesiones que ya está en camino.
