jueves, 29 de agosto de 2013
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Carlos Alberto Baena

Es necesario que no se quede en el olvido el lamentable accidente ferroviario ocurrido en España hace tan sólo unas semanas, y que conmovió al mundo entero.

Una “locomotora”, conducida neciamente, movida por quién sabe cuáles intereses, avanzando con exceso de velocidad, terminó en un suceso penoso.

Hoy podemos afirmar que el Gobierno parece colocar al país en un riesgo similar, pues a nuestro juicio, la Locomotora de la Infraestructura no arrancó a tiempo, y ahora, en el último año de ejecución del Presidente Juan Manuel Santos, se le quiere impulsar todo el vapor. Durante la instalación de las sesiones del Congreso, el mensaje fue claro. Se dejarán adjudicadas numerosas concesiones, se construirán cientos de kilómetros de dobles calzadas, se invertirán casi 50 billones de pesos en los próximos 5 años, y supuestamente, estaremos por encima de España en sus mejores épocas de inversión.

Aunque este arranque tardío del sector se explicaba, o se justificaba, por parte del Primer Mandatario, con frases como: “Dedicamos tiempo y esfuerzo a planificar y estructurar bien las grandes obras que necesitamos, para no repetir los errores del pasado”; lo cierto es que en nuestro esquema actual de favorecimiento a la inversión privada en los asuntos públicos, hay retos estratégicos y sociales muy serios que aún no han sido superados.

Basta recordar un par de casos emblemáticos de ayer y de hoy. Uno: el paso nacional por DosQuebradas, en Risaralda. Objeto de no pocas acciones de cumplimiento para que se proteja a la comunidad por las imprecisiones en el diseño y la alta accidentalidad que trajo la construcción de Autopistas del Café. Dos: el padecimiento de Honda, en el Tolima, un municipio que quedó completamente cercado por los peajes de las diferentes concesiones.

No se trata solamente de “no repetir los errores”, sino que hay que identificar claramente cuáles son para dar solución a las consecuencias que ellos mismo generaron. Esa tarea, todavía está por hacerse en muchos casos.

Para el Gobierno, el tema ambiental, por las licencias, y el tema social, por las consultas previas, son, literalmente, “las dos grandes dificultades para el desarrollo de los proyectos”.

Es éste un planteamiento bastante preocupante, no sólo porque deja de lado a la gestión predial de los proyectos de concesión; que sí son verdaderas dificultades para poder entregarlos al cien por ciento, y que los retrasan durante años; sino porque nos lleva a todos a preguntarnos ¿cuál es el precio que Colombia tendrá que pagar por acceder a este modelo de desarrollo?

En medio de las inconsistencias, el proyecto de ley de infraestructura vial no es la gran solución. Es muy delicado, por usar una expresión gentil, que por vía legal se autorice, como hasta ahora se ve en el articulado, que los costos generados por los traslados de redes, debiendo ser asumidos por los concesionarios, les sean cobrados a los usuarios de los servicios públicos; o incluso más, que el Estado se exima de toda responsabilidad, tanto a él mismo como al privado, cuando por causa de las obras, se suspenda la prestación de cualquier servicio público, y por ello se cause algún perjuicio. Volviendo al principio: Hay que estar alertas para evitar un accidente, por exceso de velocidad, en esta locomotora que no arrancó a tiempo.

Intervención en comisión de conductores ebrios
En el año 2009, el partido Mira sacó una ley con el incremento de penas en accidentes de tránsito cuando hay de por medio alcohol o sustancias psicotrópicas. Actualmente, Mira comparte la idea de ir gradualmente pensando en decomisar los vehículos con la vía administrativa, pero no comparte la postura de no asumir el tema penal. El Estado se tiene que ocupar del tema penal.