La hora de las interventorías

A pesar de los avances evidentes, tenemos experiencias recientes de dificultades en la construcción de grandes obras. Por citar algunos ejemplos: el carrusel de contratación en Bogotá, los conflictos en el túnel de La Línea y los retrasos en muchas de las concesiones de tercera generación. No podemos permitir que se repitan estos problemas en el futuro. Se generaría una gran ola de frustración e indignación en todo el país.

Desde el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y gracias a su liderazgo, hemos hecho cambios fundamentales para evitar que se repitan los errores del pasado. Primero, asegurando que los proyectos estén debidamente estructurados antes de iniciar las licitaciones. Segundo, eliminando los anticipos y pagando solamente contra entrega de obras. Tercero, asegurando que los contratistas tengan la capacidad técnica y financiera de llevar a cabo las obras. Cuarto, generando procesos de licitación transparentes y con criterios de selección sencillos y objetivos. Finalmente, asegurando una adecuada supervisión de las obras.

Con relación a este último tema, la calidad del trabajo de las firmas de interventoría es fundamental.  Las interventorías vigilan la buena marcha de los proyectos de infraestructura presentando informes a la entidad gestora, exhortando a los contratistas para que cumplan las condiciones pactadas en los contratos y promoviendo el éxito del proyecto a todo nivel. 

Sin embargo, varios analistas señalan que muchos de los problemas del pasado se pudieran haber evitado si hubiéramos tenido mejores interventorías. Por dar un ejemplo, en el antiguo Inco la empresa de interventoría con mayor número de contratos era parte del Grupo Nule. 

Conscientes de que las interventorías son los ojos y oídos del Estado, estamos trabajado en tres estrategias desde el Gobierno Nacional: mejorar el marco normativo, fortalecer los procesos de contratación y promover la adopción de mejores prácticas.

En el marco Jurídico se han desarrollado una serie de normas que pretenden ajustar el comportamiento de los interventores a unos parámetros mínimos de cumplimiento del deber, indicando  prohibiciones y facultades. El mayor avance lo registra el nuevo estatuto anticorrupción (Ley 1474 de 2011) y la jurisprudencia de la Corte Constitucional   en cuya virtud se contempla al Interventor como un servidor público especial, definiendo su papel protagónico en materia de vigilancia y control, sus responsabilidades y sus roles en torno al aseguramiento del contrato. Estas normas establecen que las Interventorías deben ser vistas como agentes del Estado, y en función de lo anterior,  desempeñarse como servidores públicos, que hacen equipo en las instituciones para el logro de los fines de la contratación del Estado. 

En el frente de contratación, hemos elevado los requerimientos de experiencia para asegurar Interventorías de clase mundial, competitivas en el mercado internacional y propulsoras de cambio en la dinámica de la infraestructura. Esto lo hemos logrado hacer sin sacrificar el nivel de participación, la cual ha sido muy amplia en los últimos concursos de la ANI.

En términos de adopción de mejores prácticas, estamos desarrollando el programa de “Incorporación de interventorías a los fines esenciales del Estado”, basado en las buenas prácticas, la estandarización de sus niveles de servicio, la construcción de guías para la elaboración de informes, y en el seguimiento y evaluación de su desempeño. 

En este contexto lanzamos el Premio Nacional de Interventorías. El propósito fundamental de este premio es  establecer y desarrollar un modelo de excelencia, que sirva a todas las interventorías como referencia para sus esfuerzos de mejora y para el establecimiento de prácticas que les permiten agregar valor efectivo al crítico rol que les ha sido encomendado por el Estado y, de esta manera, contribuir al éxito de los proyectos concesionados.