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A partir de la adopción de la transformación institucional a través del decreto 4165 de 2011, se modificó la naturaleza jurídica y la denominación del Instituto Nacional de Concesiones (Inco) por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que asumiendo nuevos retos estructuró un mapa de procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación para el logro de sus objetivos.
En el sitio web de la ANI uno encuentra el Plan de Acción para el 2013, con fecha 28 de febrero, metas para el grupo interno de trabajo carretero, el grupo de trabajo férreo y el grupo de trabajo portuario, pero desafortunadamente no hay informes sobre los resultados obtenidos en la pasada vigencia fiscal ni lo que está previsto en 2014.
La documentación se refiere a enunciados de buenas intenciones. Existen cuadros respecto de contratos del año pasado y hasta mayo del presente. Pero no se muestran informes evaluativos.
Los indicadores de gestión llegan hasta el 2012. Sobre los estados financieros la información es una lista de ingresos y gastos que poco aporta a un examen claro. Los informes de gestión se refieren únicamente a la atención al ciudadano y no al grueso de las responsabilidades frente a los proyectos de infraestructura.
Lo que parecería abundar es la documentación relacionada con la cuarta generación de concesiones, actualizada a mayo pasado. Sin embargo, al alcance del público, respecto de los grandes desafíos de la infraestructura colombiana no hay evaluaciones consistentes, ilustrativas, que le indiquen al ciudadano común y corriente cómo avanzan los procesos y cuáles son los pasos seguidos y los que seguirán. Algo entendible, digerible, sin tanto tecnicismo, lo cual es excelente solo para los técnicos.
La ANI, tiene por objeto “planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas de Asociación Público Privada - APP, para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración y/o explotación de la infraestructura pública de transporte en todos sus modos”.
Hemos escuchado y leído muchas noticias al respecto, pero nuestra opinión es que la ANI está acumulando una alta deuda con el país y en especial con los departamentos de la Costa Caribe colombiana. No son muchas las empresas nacionales y extranjeras interesadas en las distintas convocatorias, los procesos se enredan en medio de querellas judiciales y la gestión parece ser poco eficiente frente a las urgencias y lo importante.
Nos duele en especial el caso de la Costa Caribe. Recientemente se adjudicó el Proyecto Cartagena - Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad de la Cuarta Generación de Concesiones, con una inversión estimada en $960.000 millones. Sin embargo, se dejó pendiente el tramo comprendido entre Tierra Baja y Puerto Colombia, de 90,5 kilómetros. No se entienden los argumentos al respecto y se habla de una adición hacia futuro, pero si había conciencia de esa necesidad por qué no se hizo el adicional de manera inmediata. Hay otros temas de carretera con graves implicaciones.
Confiamos en que este asunto se aclare con prontitud, así como queremos que se acelere el proceso de concesión del aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz y se eviten los errores que en el pasado han significado atraso para Barranquilla y su área metropolitana.
Sabemos que el Presidente Santos está comprometido con estos temas, pero deseamos que el cumplimiento de lo ofrecido sea tan ágil como lo fueron la Costa Caribe y otras regiones de la periferia a la hora de respaldar el pasado 15 de junio el proyecto de paz enarbolado por la actual administración nacional.
