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Disertación sobre la minería colombiana

jueves, 21 de febrero de 2013
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Santiago Ángel Urdinola

Para el año 2011- 2012 la industria minero- energética pesó en promedio el 13,5% del PIB colombiano, solamente superado por el comercio y los servicios y fue receptora de US$8.155 millones de inversión extranjera directa, es decir cerca del 61% del total de lo recibido para la economía nacional. Pagó cerca de $4,4 billones en impuestos y $9,7 billones en regalías.

Sin embargo, el éxito de esta actividad económica depende no solo de las condiciones del desempeño propio de su mercado, sino de un entorno local estable (en lo político, económico y jurídico, principalmente). Lo que hoy por hoy se observa es que el país decidió enfrentar parte de sus retos mineros, primero, tratando de poner la casa en orden, destrabando las más de 19 mil solicitudes represadas, lastimosamente el costo de esta decisión es que hace más de dos años el registro minero se suspendió, lo cual ha impedido la inscripción y solicitud de áreas potenciales, por lo menos para ser exploradas de manera legal, sumado al hecho de que 1.300 títulos vigentes se encuentran pendientes una respuesta y asumir un inminente cambio del modelo para concesionar y elegir titular minero, donde el Estado colombiano se reservó un poco más de 21 millones de hectáreas denominadas “áreas con potencial mineral para zonas de reserva minera estratégica”, que se espera salgan a licitación pública a partir del próximo año.

Se debe destacar la acción del gobierno en sacar adelante una agencia especializada en atender los asuntos mineros: la Agencia Nacional de Minería, para cumplir cuatro objetivos específicos: i) reducir los tiempos de respuesta en el procesos de contratación minera, ii) aumentar la calidad y la cobertura de los procesos de fiscalización, iii) mejorar el recaudo por concepto de regalías y iv) apoyar los temas de fomento y promoción mineros.

Este llamado boom minero ha dividido al país en dos bandos: los defensores y los opositores a la minería, pues pese a que esta actividad se ha desarrollado históricamente, es una industria que genera beneficios a ciudadanos y familias que en la actualidad dependen de la misma y de manera más simbólica para apartadas zonas de la conflictiva geografía nacional. En este sentido, los avances que el sector ha logrado consolidar, es que representa el 3% del producto interno bruto (aprox. US$1.343millones), aporta más de 250 mil empleos directos y más de cinco veces en empleos indirectos, retribución en impuestos y regalías del orden de US$ 1.514 millones, sin sumar factores no cuantificados como las inversiones en capital humano, capital social, ambiental y en infraestructura y servicios públicos que el mismo provee y en otros casos debe demandar.

Con el anterior marco de referencia, la pregunta sobreviniente es qué tan conveniente resulta el desarrollo de la actividad minera para un país como Colombia y qué tan complementaria puede ser para el crecimiento económico, pues atendiendo las limitaciones actuales y superando la discusión inminentemente política, que pueda trasladarse a un escenario de discusión técnico objetivo, se le permitiría al país la oportunidad de hacer minería y asimismo generar confianza en el manejo de las complejidades socioeconómicas y ambientales características de esta industria y que la misma no niega, para así poder cristalizarse en casos exitosos como los representa la actividad minera en países como Canadá, Australia y Chile, entre otros.

Maduración de proyectos requiere de gran inversión
Es notable el aumento en los montos de inversión dirigidos a exploración y expansión de proyectos existentes. Sin embargo, estadísticas mundiales han demostrado que por cada 100 prospectos mineros solo el 0,2% se convierten en un proyecto activo, que ha requerido un mínimo de siete años de avance y cuantiosas y constantes inyecciones de capital, para convertirse en verdaderos proyectos mineros viables.

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