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Aunque se puede pensar que la financiación es la única razón por la que se establecen las asociaciones publico-privadas, existen otros aspectos como la colaboración entre ambas partes y la responsabilidad compartida al desempeñar proyectos conjuntos, que influyen en estos negocios, y tienen como objetivo el conseguir eliminar problemas derivados de ésta relación.
Gonzalo Palau, profesor de economía de la Universidad del Rosario defendió estos argumentos. “Estas asociaciones son una versión de concesión más avanzada, ya que no solo busca abrir la licitación y conseguir quién se encargue del proyecto, sino que se espera transmitir la responsabilidad en ambas partes a través de la colaboración. “
Además, como agregó Palau, el objetivo principal es evitar que puedan existir litigios en alguno de los lados, “si van de la mano desde un principio, limita la posibilidad de que haya problemas legales ya que tienen el mismo nivel de responsabilidad. Esto a la vez hace que este negocio sea más eficiente, porque estos problemas son precisamente los que tanto han perjudicado al erario y al sector privado”.
En este mismo sentido, Francisco Suárez, consultor de infraestructura, aseguró que “en términos generales existe una ley que dice cuáles son las normas. Los retos están en la forma en la que el sector público puede estructurar estos proyectos, y en la que los privados identifican las oportunidades de negocio. Al final todo se reduce a la capacidad de las instituciones para gestionar todo y del sector privado de cumplir y participar con transparencia. La colaboración entre ambas partes es fundamental para que esto ocurra”.
Con esto, uno de los aspectos fundamentales que cobra importancia es el alto componente financiero que conllevan estos proyectos. Por lo tanto, para Suárez, “para evitar problemas, siempre es necesario que se involucre tenga el músculo financiero necesario para cumplir, se requiere que las obras sean hechas por constructores serios y responsables”.
También es importante destacar que no todas las asociaciones que vinculan agentes del sector público y del privado son iguales. Tal como explicó el consultor experto en infraestructura, “el proceso que se sigue principalmente suele ser el de la contratación pública, aún así, puede ir en los dos sentidos. Por una parte, que se produzca por iniciativa pública, derivado de que el estado tiene una necesidad. En este caso, se hacen unos estudios de factibilidad, necesidades y estructura un negocio, y se abre el proceso de la licitación para escoger al inversionista. Y por la otra parte, también está la de iniciativa privada, donde lo importante es que el primer paso lo toma un empresario al que se le puede ocurrir la forma y plantearle un negocio al estado, lo que tiene un plan regulado por el Gobierno a la hora de dar la respuesta”, concluyó.
Conozca cómo se desarrolla la LEy de LAS APP
Con la Ley de Asociaciones Público- Privadas, se busca contar con normas para alinear los incentivos para todos los agentes. Se deja atrás la obra pública en concesión y exige estudios previos a cada licitación para cuantificar los riesgos; fue diseñado para apalancar inversión privada, asegurar mayores recursos y obligar a los concesionarios a destinar recursos propios.
