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El gremio de ingenieros está preocupado pues siente que el Gobierno Nacional le ha venido cerrando los espacios a egresados y a las pequeñas empresas para contratar con el Estado.
Los temores van dirigidos a que los extranjeros, las grandes firmas y los bancos se queden con los contratos de infraestructura.
Los problemas de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipyme). ya se habían mencionado en varias ocasiones. Sin embargo, esta semana la Agencia Nacional de Contratación Pública reveló la guía que se seguirá usando para calcular la capacidad de contratación. Este texto no difiere mucho del borrador, el cual ya había sido objeto de polémica entre los constructores.
Para Jesús Augusto Correa Cardona, presidente de la Asociación de Ingenieros Indignados, desde el año 2012 con el Decreto 734, el Gobierno viene cerrándole los espacios para contratar con el Estado a los estudiantes, a los recién egresados, así como a las mipyme.
“Nuestros temores son que los extranjeros y los bancos sean los futuros constructores de la infraestructura del país” concluyó Correa.
Según los ingenieros, la capacidad de contratación seguirá atada a los bancos y a las ganancias, en una fórmula que en pocos años acabará hasta con los más grandes.
Para entender el problema hay que saber datos como: una empresa micro es aquella que tenga hasta 10 empleados, pequeña unos 50 trabajadores, mediana unas 200 personas y una firma grande es la que cuente con más de 30.000 salarios mínimos y 200 empleados en adelante.
La fórmula o guía para calcular la capacidad de contratación estará sujeto a las ganancias y a los préstamos. Esto significa que cada año disminuye su posibilidad de contratar con el Estado, según los ingenieros.
La entidad que elaboró la guía es Colombia Compra Eficiente. Julio Fajardo, el asesor experto de este sistema de compras estatales, dice que la contratación pública en Colombia tiene un fin en sí misma: ser eficaz y eficiente. Es decir, que debe generar mayor valor. “Si se logra que se gaste bien el dinero, habrá mayores beneficios para los ciudadanos”.
En la obra pública el Estado da adelantos por la obra construida y paga el dinero por entrega de unos ítems. Sin embargo, en el tiempo en el que el proveedor construye con recursos que le son propios, es decir, cuando se le ha acabado el dinero del Gobierno pero tiene que seguir construyendo para terminar un ítem, habría que preguntarse, ¿qué capacidad económica tiene para salvaguardar esos tiempos y no suspender la obra?
Esa es la sustentación de los diseñadores de la guía. “Nosotros lo único que queremos ver es que el oferente tenga los recursos suficientes, para que cuando este no tenga recursos siga construyendo. Para que cuando se diga que hay que construir un puente en 15 meses, en ese tiempo lo haga. No en 17 meses, no en 19, no un puente mal hecho”, dijo Mauricio Romero, subdirector de negocios.
No obstante, ingenieros de la Sociedad caldense, como Carlos Alberto Ceballos, dicen que en la cartilla se menciona que para calcular la capacidad de un proponente se debe utilizar una fórmula, cuya base primordial corresponde a las utilidades del año inmediatamente anterior. Para él esto es inaudito porque aquel contratista que no tenga contratos no tendrá derecho a contratar. En contraposición, los estructuradores piensan que la fórmula le da la posibilidad a los ingenieros de construir así se tenga utilidades negativas, puesto que tiene en cuenta con otros factores como inversiones en activos fijos e inversiones con capital de trabajo.
En la cartilla también se menciona que en cuanto a los consorcios, la posibilidad de contratar se medirá multiplicando la capacidad por el porcentaje de participación (ponderación). Para los ingenieros esto da como resultado un consorcio disminuido y sin poder contratar. Con la elección de que no se pondere, sino que se dé por hecho que las entidades participan 50-50.
Los ingenieros indignados, una asociación que se creó por las molestias con respecto a este problema, han reclamado en varias oportunidades al Gobierno Nacional. Dicen que las leyes han convertido al estatuto de contratación en uno anticorrupción, pero que carecen de estudios sobre el impacto del interés público. “El Gobierno muestra cada día su interés de favorecer aún más al sector financiero. Sólo con darle una mirada a la propuesta es evidente que el Gobierno actúa pensando que la pequeña y mediana ingeniería se debe acabar”.
La guía podrá ser objeto de modificación después de un diálogo social con las partes involucradas: el Estado, la comunidad tributaria y las personas que contraten con el Gobierno.
Conpes aprueba más de $105.000 millones para Cali
El Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) aprobó $105.498 millones, para invertir en el Sistema de Transporte Masivo de Cali (MIO). Estos dineros se destinarán para la construcción de los patios y talleres de Aguablanca y Valle de Lili, parte de la infraestructura para el correcto funcionamiento del Sistema. La decisión del Conpes liberará el 3% de la tarifa, que actualmente corresponde a infraestructura, con el fin de que pueda ser utilizada en la operación del Sistema. Así también, el municipio aportará recursos para la ejecución de carreteras asociadas a la terminal Calima, entre otras obras. Además de corredores en las zonas de ascenso, descenso de pasajeros y nuevos paraderos, mejora las condiciones de movilidad de los usuarios.
Las opiniones
Jesús Augusto Correa Cardona
Presidente Ingenieros Indignados
“Todos aquellos que contratamos con el Estado debemos poner el tema de la contratación en el debate político para estas próximas elecciones”.
Julio Fajardo
Asesor Colombia Compra Eficiente
“La contratación pública en Colombia tiene un fin en sí misma: ser eficaz y eficiente. Si se logra que se gaste bien el dinero, habrá mayores beneficios para los ciudadanos”.
