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Vehículos eléctricos.
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El decreto del Poder Ejecutivo fija dos franjas para gravar a los autos eléctricos: la primera va desde US$19.001 hasta US$ 27.000, y la segunda desde los US$27.001 en adelante
El Poder Ejecutivo resolvió, a través de un decreto publicado este martes, modificar las exoneraciones tributarias que reciben los autos eléctricos en Uruguay.
Según el texto del decreto, que tiene las firmas del presidente Yamandú Orsi y los ministros Gabriel Oddone (Economía) y Fernanda Cardona (Industria), se aplicará el Impuesto Específico Interno (Imesi) a los vehículos eléctricos cuyo valor de importación sea superior a los US$ 19.001 de forma gradual, en dos franjas establecidas. En el caso de los híbridos la tasa variará según la cilindrada. Esto aplica para los vehículos comprendidos en la "Categoría F", referidos al transporte de pasajeros y no a vehículos utilitarios.
Es decir, con estos cambios, aquellos vehículos eléctricos cuyo valor "en aduana en ocasión de la importación" no supere los US$ 19.000 seguirán exentos de tributar Imesi. Los híbridos que estén dentro de este valor de importación tributarán Imesi en función de su cilindrada con tasas que irán desde 7% hasta 34,5%.
Los autos eléctricos que estén por encima del valor de importación de US$19.001 sí pasarán a tributar Imesi.
Aquellos que tengan un valor de importación de entre US$19.001 y US$27.000 serán gravados con un Imesi del 5%. En el caso de los híbridos, se establecen tasas de 7% hasta 34,5% según la cilindrada.
Para los eléctricos de más de US$27.000, en tanto, se tributará un Imesi de 9%. Los híbridos comprendidos en esta franja tributarán, también según la cilindrada, entre 11% a 34,5% de Imesi.
Los cambios comenzarán a regir a partir del 1° de enero de 2027.
En la fundamentación del decreto, el Ejecutivo señala que "la evolución reciente del mercado automotor evidencia un crecimiento sostenido en la importación y comercialización" de los vehículos eléctricos de pasajeros, "sin perjuicio de que a la fecha representan un porcentaje menor del parque automotor nacional".
Para el gobierno —que venía estudiando estos cambios desde hace meses y que tenía la potestad de implementar modificaciones en los eléctricos a raíz de un artículo del Presupuesto Nacional— "la estructura tributaria debe adaptarse de forma dinámica a la evolución de los mercados, tecnologías y patrones de consumo, calibrando los incentivos fiscales conforme a la disminución experimentada en los precios de las tecnologías y sin afectar significativamente las políticas energética, ambiental y de movilidad sostenible".
Por todo lo anterior, el Ejecutivo argumentó que entendía conveniente establecer estas modificaciones.
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