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Ministros de la UE decidirán a quién sancionar en una etapa posterior, pero dijeron que se centrarían en las fuerzas de seguridad.
Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea aprobaron el lunes sanciones económicas a Venezuela que incluyen un embargo de armas, culpando a las elecciones regionales del mes pasado de profundizar la crisis del país sudamericano.
Preocupados por no presionar aún más a Caracas hacia el colapso económico y político, los gobiernos de la UE se abstuvieron de señalar a individuos concretos, dejando los nombres para una etapa posterior, en un intento por persuadir al presidente Nicolás Maduro de que calme la situación.
“Todo lo que hacemos tiene como objetivo buscar el diálogo entre el gobierno y la oposición para encontrar una solución democrática y pacífica”, dijo el ministro español de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, a los periodistas en una reunión con sus homólogos donde se tomó la decisión de las sanciones.
España lleva tiempo presionado para que se impongan sanciones a los cercanos a Maduro, a quienes Estados Unidos acusa de instaurar una dictadura, pero la UE se ha dividido sobre a quién apuntar.
En un comunicado conjunto, los 28 ministros de la UE dijeron que la base legal para las prohibiciones de viaje individuales al bloque y la congelación de los activos en la eurozona “se utilizarán de forma gradual y flexible y pueden ampliarse”.
En la declaración, los ministros dijeron que las elecciones regionales celebradas el 15 de octubre en Venezuela fueron un punto de inflexión que endureció la posición de la UE, al realizarse en medio de “numerosas irregularidades”.
Los resultados parecieron favorecer al gobierno de Maduro, mientras que las encuestas habían sugerido que la oposición ganaría fácilmente una mayoría. Al final, tan solo ganó unas pocas gobernaciones, según la junta electoral progubernamental.
Los ministros de la UE decidirán a quién sancionar en una etapa posterior, pero dijeron que se centrarían en las fuerzas de seguridad y ministros e instituciones gubernamentales acusados de violaciones de derechos humanos y “el incumplimiento de los principios democráticos o el estado de derecho”.
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