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El plan prevé US$200.000 millones de financiamiento federal con el fin de estimular el gasto público a nivel local.
Donald Trump presentó finalmente el monstruoso plan de infraestructura prometido durante su campaña, el cual busca impulsar proyectos público-privados por US$1,5 billones en los próximos diez años.
El plan prevé US$200.000 millones de financiamiento federal con el fin de estimular el gasto público a nivel local y estatal con el fin de mejorar carreteras, caminos, puertos y aeropuertos.
Este dinero incluye US$21.000 millones en el presupuesto aprobado por el Congreso la semana pasada.
"Durante demasiado tiempo, los legisladores han invertido en infraestructura de manera ineficiente, ignoraron las necesidades críticas, y permitieron que se deteriorara. Es hora de dar a los estadounidenses una infraestructura moderna que funcione y que ellos merecen", escribió Trump en una nota al Congreso presentando el plan.
Los gobiernos locales y de estados recibirán incentivos de US$100.000 millones para financiar proyectos rurales e impulsar "proyectos transformadores" o nuevas ideas para infraestructura.
El documento también ofrece incentivos regulatorios, como limitar el tiempo para la aprobación del proyecto a dos años, disminuir la profundidad de análisis medioambiental y ampliar el derecho del regulador de no tomar en cuenta sus conclusiones.
También ofrece extender el uso de deuda empresarial exenta de impuestos para financiar proyectos y ampliar los tipos de proyectos para cuales pueda ser usada.
Otro punto que busca es promover el arriendo de aeropuertos y otros establecimientos públicos, eliminando el requerimiento de que cualquier deuda pendiente exenta de impuestos tiene que ser pagada primero.
Gastos anuales
En los alineamientos para el próximo año, la Casa Blanca busca aumentar los gastos de defensa a US$716.000 millones, de los cuales destinará US$23.000 millones para la seguridad fronteriza, incluyendo US$18.000 millones para el muro en la frontera con México y casi US$3.500 millones para personal e instalaciones adicionales para mejorar la capacidad de detención de los migrantes ilegales.
La propuesta también incluye US$13.000 millones en dos años para combatir la crisis de opioides y otros US$88.500 millones para servicios de salud para los veteranos.
El plan ofrece reducir el déficit en US$3 billones en los próximos diez años, incluyendo US$1,7 billones en programas obligatorios, y está basado en pronósticos del crecimiento de 3% anual. También ofrece reducción de 2% anual en gastos discrecionales no relacionados con defensa a partir de 2019.
En julio, el departamento informó que había impuesto más de 103.000 multas a migrantes por un total de unos US$84.000 millones
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