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La Aclu está involucrada en litigios contra el Gobierno por deportaciones de inmigrantes, incluida la expulsión de presuntos miembros de bandas venezolanas.
Grupos de defensa legal dieron la voz de alarma el sábado después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con emprender nuevas acciones contra los abogados y bufetes que presenten demandas de inmigración y otros casos contra el Gobierno que él considere poco éticos.
En un memorando dirigido a la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, el viernes por la noche, Trump dijo que los abogados estaban ayudando a alimentar "el fraude desenfrenado y las reclamaciones sin fundamento" en el sistema de inmigración, y ordenó al Departamento de Justicia que buscara sanciones por mala conducta profesional.
La orden también apunta a los bufetes de abogados que demandan al Gobierno en lo que Trump llamó casos "partidistas sin fundamento". Pidió a Bondi que remitiera a esos bufetes a la Casa Blanca para que se les retiraran las autorizaciones de seguridad y se rescindieran los contratos federales en los que trabajaban.
Ben Wizner, abogado principal de la Unión Americana de Libertades Civiles, dijo que la nueva directiva busca "intimidar" a los abogados que desafían la agenda del presidente. Trump ha montado ataques por separado contra bufetes de abogados por sus políticas internas de diversidad y sus vínculos con sus adversarios políticos.
"Hasta ahora, los tribunales han sido la única institución que ha resistido los ataques de Trump", dijo Wizner. "Los tribunales no pueden desempeñar ese papel sin que los abogados les presenten casos".
La ACLU está involucrada en litigios contra el Gobierno por deportaciones de inmigrantes, incluida la expulsión de presuntos miembros de bandas venezolanas.
El Gobierno de Trump ha sido objeto de más de 100 demandas que cuestionan su accionar en materia de inmigración, derechos de las personas transgénero y otros asuntos desde el inicio del segundo mandato del republicano.
El Departamento de Justicia y la Casa Blanca no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios y más información sobre el memorando, que también fue dirigido a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
Trump emitió decretos este mes contra los bufetes de abogados Perkins Coie y Paul Weiss, suspendiendo las autorizaciones de seguridad de sus abogados y restringiendo su acceso a edificios gubernamentales, funcionarios y trabajos de contratación federal.
El presidente también suspendió el mes pasado las autorizaciones de seguridad de los abogados de Covington & Burling, citando en cada caso el trabajo pasado de las firmas para sus oponentes políticos o legales.
El jueves, Paul Weiss llegó a un acuerdo con Trump para rescindir el decreto en su contra, comprometiéndose a donar el equivalente a US$40 millones en trabajo legal gratuito para apoyar algunas de las causas del Gobierno, como el apoyo a los veteranos y la lucha contra el antisemitismo.
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