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El Gobierno rescindió “más de 15 contratos” y se realizó la toma de 56 “campamentos” que eran propiedad de Odebretch y que pasaron a ser “ocupados” por el Ministerio de Transporte.
El ilegítimo régimen de Nicolás Maduro rescindió los contratos que tenía con la brasileña Odebrecht y procedió a la toma de 56 instalaciones de la compañía en los que se almacenaban equipos y material de construcción, informó el viceministro de Transporte Terrestre, Claudio Farías.
En declaraciones al canal estatal VTV, Farías explicó que las obras inconclusas fueron contratadas por el Ministerio del Transporte y sus entes adscritos como el Metro de Caracas, Metro de Los Teques y el Instituto Nacional del Aeropuerto de Maiquetía Simón Bolívar.
El Gobierno rescindió “más de 15 contratos” y se realizó la toma de 56 “campamentos” que eran propiedad de Odebretch y que pasaron a ser “ocupados” por el Ministerio de Transporte.
Farías dijo que la empresa brasileña "ha dejado perder equipos, materiales para la construcción, para la base de las obras" y citó los casos del Metro de Guarenas-Guatire, las bases de la línea 5 y la culminación del MetroCable Petare, así como "urbanismos que han sido abandonados por este empresa".
El funcionario estimó que Odebrecht "le adeuda a la patria según nuestras cuentas más de US$ 1,300 millones", por lo cual "estamos ocupando estas instalaciones y vamos a disponer de estos materiales y estos equipos para culminar esas obras".
La empresa, dijo, en el caso de uno de los contratos recibió "el 96% de los recursos financieros para que ellos ejecutaran esa obra y apenas ejecutaron el 46%".
Odebrecht, acotó Farías, podrá ejercer "su derecho a acudir a los tribunales" en caso de no aceptar la decisión adoptada por el Ejecutivo.
El constituyente Edison Alvarado confirmó que evaluarán las obras contratadas con la empresa brasileña para terminar los proyectos previstos.
La empresa brasileña ha sido investigada por el pago de sobornos en al menos 12 países. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht erogó US$ 788 millones a cambio de contratos en una docena de naciones del 2001 al 2016.
De acuerdo con Estados Unidos, la compañía pagó sobornos para garantizar contratos en Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela.
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