Puerto de US$260 millones divide a magnates estadounidenses en Panamá

Para el multimillonario de fondos de cobertura Louis Bacon, las aguas cristalinas y los ríos bordeados de densos bosques del golfo de Chiriquí, en el oeste de Panamá, forman un oasis ecológico. Para el promotor John McKeown, en cambio, el golfo es una puerta de acceso a mercados potenciales para los valiosos productos de la región y una oportunidad para impulsar la economía local.

Estas visiones contrapuestas están en el centro de una amarga disputa entre los dos adinerados estadounidenses, quienes aseguran estar defendiendo los mejores intereses de Panamá.

El conflicto gira en torno a un puerto de US$260 millones que McKeown busca desarrollar en la costa del Pacífico, justo al sur de la ciudad de David. Ocean Pacific Investments, la empresa que dirige, presenta el proyecto Puerto Barú como el primer puerto “verde” de Panamá, capaz de aliviar la presión sobre los centros comerciales de Ciudad de Panamá y conectarse con las rutas de comercio hacia Norteamérica y Asia.

Chiriquí, con unos 500.000 habitantes, es una de las principales regiones agrícolas del país y produce café, papaya y camarón, entre otros alimentos.

La disputa ha llegado hasta la Corte Suprema de Panamá, que evalúa la aprobación ambiental del puerto después de que un grupo de organizaciones locales sin ánimo de lucro la impugnara. El enfrentamiento ya ha derivado en denuncias civiles y penales contra algunas de esas ONG. El desenlace podría definir el futuro de una zona prácticamente intacta de Panamá que ha recibido poco de la riqueza que circula por su próspera capital.

Para Bacon, el proyecto representa un riesgo inaceptable.

“Me preocupa que los responsables de este proyecto no tengan experiencia en el desarrollo ni la operación de puertos comerciales y, aun así, propongan construir un gran puerto en una de las zonas ambientalmente más sensibles de Panamá”, escribió en una declaración a Bloomberg News. “Basta con mirar un mapa para darse cuenta de que este no es un lugar adecuado para un proyecto de este tipo”.

Por su parte, Ocean Pacific afirmó que ha tomado medidas para abordar los posibles impactos ambientales y que la campaña para frenar el puerto podría estar impulsada por intereses personales.

“Si creyera que Puerto Barú causaría un daño significativo a una parte de Panamá, un país que no solo amo sino al que llamo hogar, nunca habría dedicado mi tiempo ni mis recursos al desarrollo de este proyecto”, dijo McKeown en un comunicado.

El sitio en disputa se encuentra entre sinuosos canales que albergan una cuarta parte de los manglares de Panamá. Estos ecosistemas y sus densas redes de raíces protegen las costas, sirven de refugio para la vida marina y absorben enormes cantidades de carbono.

Ocean Pacific proyecta construir un puerto comercial de 124 hectáreas. Según la empresa, sería la mayor inversión privada en la historia de la provincia de Chiriquí y beneficiaría a la zona no solo con un aumento de la actividad industrial, sino también con más turismo, ya que el proyecto incluiría un muelle para embarcaciones recreativas. Una evaluación económica encargada por la compañía en 2021 estimó que podría generar más de 1.100 empleos.

Seis grupos ambientalistas panameños sostienen que el puerto y el consiguiente tráfico de buques de carga causarían daños irreversibles al ecosistema local debido a la contaminación, la agitación del agua y el bloqueo de la luz solar.

Juan Carlos Monterrey Gómez, director ejecutivo de la consultora ambiental VANGLabs y exrepresentante especial de Panamá para el cambio climático, dijo que cierto impacto sobre el medioambiente local es inevitable en un proyecto de esta magnitud. Monterrey no está vinculado a ninguno de los grupos que se oponen al proyecto.

Un portavoz de Ocean Pacific dijo que la empresa “discrepa firmemente” de que el puerto vaya a causar daños irreparables y afirmó que los posibles impactos fueron “estudiados exhaustivamente y abordados en detalle” durante la evaluación ambiental. El proceso, aprobado hace dos años, tomó cuatro años e incluyó una audiencia pública con amplia participación, según la compañía, que señaló que la revisión fue comparable a las realizadas para proyectos de infraestructura en EE.UU.

El sitio web del proyecto asegura que fue diseñado para cumplir “altos estándares de sostenibilidad”, con paneles solares para cubrir todas sus necesidades energéticas y zonas específicas de conservación.

El portavoz añadió que la empresa siempre ha dejado claro que no es una operadora portuaria y que planea asociarse con una.

Ocean Pacific ha seguido trabajando en el puerto mientras el tribunal analiza el caso. Al mismo tiempo, contraatacó a las organizaciones sin ánimo de lucro y presentó denuncias penales contra dos de ellas por calumnia, difamación y delitos contra la economía.

Poco después, ambas organizaciones dijeron que sus cuentas bancarias habían sido congeladas por orden judicial. Sin poder pagar a su personal ni recaudar fondos, los grupos luchan por mantenerse a flote, mientras sus trabajadores aseguran que las medidas han intimidado a otras organizaciones que, de otro modo, podrían haberse pronunciado.

El caso está generando el tipo de efecto disuasorio asociado con las llamadas demandas SLlapp, utilizadas para intimidar a los críticos, dijo Joana Abrego, exgerente legal y ahora consultora externa de CIAM, una de las organizaciones afectadas.

Ocean Pacific declinó comentar sobre el litigio en curso.

Una de las razones por las que Ciam y Adopta Bosque, la otra organización sin fines de lucro acusada, pudieron expresar una oposición tan firme desde el principio es Louis Bacon. El financiero, de 70 años, hizo fortuna con su fondo de cobertura Moore Capital Management y ha destinado parte de ese patrimonio a la compra de tierras y a proyectos de conservación en distintos lugares del mundo. Según The Land Report, es el septuagésimo mayor propietario de tierras en EE.UU. y ha colocado 94% de esos terrenos bajo servidumbres de conservación, una figura legal que prohíbe de forma permanente futuros desarrollos.

El término conservacionista puede sugerir una gestión discreta, pero ese no es el estilo de Bacon. Fue cofundador de Waterkeeper Alliance, una organización sin ánimo de lucro anteriormente dirigida por Robert F. Kennedy Jr. que busca hacer cumplir las leyes ambientales.

A través de Moore Charitable Foundation, Bacon ha adoptado con frecuencia un enfoque activista y ha colaborado con grupos locales para oponerse a proyectos cercanos a sus propiedades, entre ellos una planta de cemento en Carolina del Norte. También tuvo un papel destacado en una amarga disputa de varios años con Peter Nygard, el desacreditado magnate canadiense de la moda, por las propiedades vecinas que ambos tenían en las Bahamas.

La disputa por Barú también tiene una dimensión personal. Bacon es propietario de Islas Secas, un resort ecoturístico todo incluido situado en un archipiélago a unos 48 kilómetros al suroeste del puerto proyectado, donde las tarifas parten de US$3.500 por noche. Bacon dijo que el puerto estaría lo suficientemente lejos como para no afectar directamente a su isla, pero advirtió que el dragado y la alteración del hábitat podrían generar efectos en cadena. Negó que su oposición busque proteger su hotel de lujo y aseguró que su compromiso con Panamá no cambiará incluso si el proyecto sigue adelante.

Bacon calificó de extraordinaria la acción legal de Ocean Pacific contra las organizaciones sin fines de lucro. “Nunca había tenido que apoyar a defensores del medioambiente que enfrentan sanciones penales simplemente por plantear preocupaciones sobre un proyecto de desarrollo”, dijo. “El uso de acciones legales para perseguir a denunciantes es abominable”.

Bacon ha cubierto personalmente los costos legales de Adopta Bosque y también ha ayudado a financiar la campaña más amplia contra el proyecto, que incluye una petición en línea y un sitio web en el que las seis organizaciones sin ánimo de lucro exponen su misión. La iniciativa cuenta con el respaldo de cerca de 40 “organizaciones de apoyo”, muchas de las cuales han recibido financiación previa de Bacon para otras actividades. También pagó un plan alternativo que proponía trasladar el puerto unos 80 kilómetros al oeste, a Puerto Armuelles, y su fundación financió un análisis de impacto que estimó en alrededor de US$30 millones el costo ambiental del proyecto durante 20 años.

McKeown también tiene vínculos personales con Panamá. Residente de tiempo parcial en el país, dijo que comenzó a interesarse por el potencial de Chiriquí como centro marítimo durante una excursión de pesca de altura, cuando el capitán tuvo que viajar siete horas para reabastecerse porque no había un muelle adecuado.

También tiene experiencia combinando iniciativas empresariales y de conservación. Como presidente de Synergy Oil & Gas, una empresa energética de capital cerrado con sede en el área de Los Ángeles, ayudó a crear junto con las autoridades uno de los mayores humedales protegidos de California al aceptar el cierre de un antiguo yacimiento petrolero. Antes de Synergy, McKeown fue corredor inmobiliario y propietario de varios patios de contenedores y operaciones logísticas. Dijo que ha recaudado fondos para Puerto Barú de varios inversionistas estadounidenses, a quienes se negó a identificar.

Bacon dijo que ha planteado personalmente sus preocupaciones sobre el proyecto a funcionarios panameños y también a través de su fundación local. Añadió que se puso en contacto con Ocean Pacific para ofrecerse a financiar análisis científicos adicionales y un estudio de modelación costera, pero no recibió respuesta.

Un portavoz de Ocean Pacific dijo que McKeown intercambió correos electrónicos con Trevor, el hijo de Bacon, y concluyó que nuevos análisis duplicarían estudios ya realizados. McKeown también sostuvo que Puerto Armuelles está demasiado lejos de las zonas agrícolas de la región como para ser una alternativa viable.

El ministro de Ambiente de Panamá, Juan Carlos Navarro, dijo en un comunicado que el ministerio está legalmente “obligado a respetar” la aprobación ambiental de Puerto Barú, otorgada por una administración anterior, y que acatará la decisión de la Corte Suprema cuando se produzca. Declinó comentar sobre las demandas de Ocean Pacific contra las ONG, pero señaló que la naturaleza de esas acciones legales tiene a los funcionarios del ministerio “profundamente preocupados”.

“Panamá es un país democrático”, dijo. “En el Ministerio de Ambiente valoramos y promovemos una participación ciudadana activa y sólida, así como las contribuciones de la sociedad civil y de la comunidad científica a la gestión ambiental”.

Activistas panameños sostienen que el proyecto portuario pone de relieve lo que consideran una brecha entre la reputación de Panamá como líder en conservación y medioambiente y el trato que reciben las organizaciones locales sin fines de lucro.

“Organizaciones como la nuestra están solas. No tenemos instituciones que nos protejan en una situación como esta”, dijo Abrego. Dos ambientalistas que se oponen a Puerto Barú declinaron hablar de forma identificada por temor a su seguridad al criticar la postura del Estado frente a un proyecto de desarrollo.

La contradicción no es tan inusual, dijo Monterrey, el exenviado climático, dadas las tensiones burocráticas que suelen complicar las políticas públicas en muchos países.

En su opinión, es poco probable que el puerto cumpla las promesas de sus promotores para Panamá. “Estos grandes proyectos suelen presentarse como generadores de empleo y desarrollo”, dijo, “pero con frecuencia producen conflictos sociales, extraen riqueza de las comunidades y trasladan los beneficios a otros lugares”. Ahora corresponde a la Corte Suprema decidir si Ocean Pacific tendrá la oportunidad de cambiar esa narrativa.