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Cristina Fung Quiñones, gerente general de Petróleos del Perú (centro), Carlos Vives Suárez, presidente de Petróleos del Perú, (der) y Tomás Díaz del Águila, gerente corporativo de producción y oleoducto de Petróleos del Perú SA (izq)
Expertos creen que tal argumento sería una extorsión al país y piden a accionistas de la empresa no ser cómplices de un dispendio del erario nacional
Petroperú confirmó que su administración fue autorizada a solicitar, a través del Ministerio de Energía y Minas (Minem), un nuevo soporte financiero al Estado, en referencia a sus diversos requerimientos de apoyo que suman cerca de US$3.200 millones.
Vale recordar que, según informó Canal N, el 3 de agosto, el directorio de la empresa hizo diversos requerimientos al Minem, el primero de ellos, la capitalización del apoyo financiero (deuda) por US$750 millones, que le otorgara el Ejecutivo en el 2022, incluyendo intereses, que se extendió hasta julio de 2023.
Tal endeudamiento lo había asumido en ese año la empresa, para evitar, según indicara en esa ocasión, una limitación en el suministro y venta de combustibles.
Con su pedido de capitalización, se entiende que la empresa busca que ya no se le cobre ese monto como deuda, sino que vaya como un aporte de capital por parte de sus accionistas (el Ministerio de Economía y Finanzas-MEF y el Minem).
Pero, además, en esta oportunidad, la compañía ha pedido continuar con la aplicación de la facilidad de documentos cancelatorios hasta por S/500 millones, así como un aporte de capital por S/5,573.5 millones.
En su comunicado emitido este jueves, Petroperú justifica su solicitud de tal soporte financiero, argumentando, de nuevo que éste es necesario “para mitigar los riesgos de un eventual desabastecimiento de combustibles a nivel nacional, especialmente en la selva y distintas regiones del país donde no llegan otros proveedores al no resultarles rentable”.
Añade que se vio obligada a realizar la mencionada solicitud ante factores extraordinarios e irreversibles que afectaron la puesta en operación de la Nueva Refinería Talara (NRT), entre las que se encuentran la conflictividad social y el ciclón Yaku.
Esas situaciones, asegura, generaron retrasos en el arranque del nuevo complejo de refino, el cual se ha completado recientemente. “De igual forma, el pedido responde a la necesidad de mantener inventarios suficientes que garanticen el abastecimiento de combustibles ante los inminentes efectos que causaría el fenómeno El Niño”, añade.
Asegura además que el apoyo solicitado no tiene relación alguna con el pago de las obligaciones para la construcción y puesta en marcha de la nueva refinería, lo que se está afrontando con recursos propios de la empresa.
Para César Gutiérrez, expresidente de Petroperú, los nuevos pedidos de la petrolera significan US$ 2,200 millones en aporte directo, más US$1.000 millones en garantías (US$3.200 millones en total); más la extensión de S/ 500 millones en documentos cancelatorios hasta el 2025.
En tal sentido, el experto consideró que estos nuevos requerimientos son un exceso de esa empresa. Advirtió, no se sabe si ello sería un último pedido, es decir si harán nuevas exigencias de más recursos al Estado.
“La administración, el directorio y la junta general de accionistas (integrado por el MEF y Minem) van a seguir siendo cómplices del dispendio. Se necesita un equipo de ejecutivos y directivos despolitizados porque no hay ninguna seguridad que (el nuevo pedido) sean las cifras definitivas necesarias”, aseveró.
Por su parte, Carlos Paredes, también ex titular de la petrolera del Estado, consideró que no se puede presionar al país argumentando un presunto desabastecimiento de combustibles, para exigir más recursos.
“Pero, hay muchas empresas privadas que pueden abastecer combustibles, no se puede presionar, utilizar una herramienta de presión o extorsión, diciendo si no me das la plata va a haber desabastecimiento, por favor, seamos un poco más serios”, exhortó.
Respecto a la solicitud de apoyo financiero en sí, Paredes recordó que los primeros aportes que le dio el Gobierno a Petroperú el año pasado, estaban condicionados a que realizara una transformación de su gobierno corporativo, pero del cual, dijo, no han avanzado nada.
“Yo no veo que haya cambiado a los gerentes, que haya habido el final de un concurso público para elegir a un head hunter, para la contratación de los nuevos gerentes que se había planteado; no hay eso, no ha habido transparencia”, apuntó.
De otro lado, Gestión tuvo acceso a cartas que actuales operadores de lotes en el noroeste remitieron a Perupetro S.A., en los cuales le recuerdan que ellos habían solicitado, antes que Petroperú, negociar la extensión de la vigencia de sus contratos, que caducan este año.
Vale recordar que la citada agencia estatal argumentó ante la Comisión de Energía y Minas que estaba negociando una adjudicación directa de los lotes I, VI y Z-69, a Petroperú, porque esta fue la primera que le solicitó se le entreguen esos yacimientos, situados en la cuenca Talara.
La empresa Sapet por ejemplo, que opera el Lote VII-VI, recordó en la referida carta, que remitió a Perupetro S.A. el 23 de marzo del 2020 cuando pedía continuar operando el área y pidió una renegociación directa para ese fin. En cambio, la petrolera estatal planteó su primer requerimiento de asumir esos lotes el 9 de marzo del 2021.
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