Peña Nieto y el PRI disipan las dudas

Han transcurrido poco más de cinco meses desde que el presidente Enrique Peña Nieto asumió la primera magistratura mexicana. Recuérdese que hubo en su momento una cantidad de voces disonantes sobre su elección (muchas de ellas aún persisten) y posterior manejo de la administración en ese país, además sobre lo inapropiado del regreso del PRI al poder. Sin embargo, los primeros movimientos que se permiten entrever, demuestran importantes reformas que le sitúan en buen punto dentro de los mandatarios latinoamericanos. Algo infortunado para sus opositores, pues no esperaban encontrarse con un ejercicio político de tan prematuros resultados.

Aunque bien vale la pena señalar que algunos de los procesos que hoy se cristalizan en la administración Peña Nieto están directamente ligados con lo que su antecesor, Felipe Calderón, dejó en manos del legislativo, tal es el caso de la profundamente polémica reforma laboral. Incluso esto que se cita es llamativo, pues ha quedado en evidencia un interesante continuismo entre el trabajo adelantado por el gobierno anterior y éste que hoy es centro de análisis.

En relación con la reforma laboral, es evidente que no hubo un amplio consenso en su confección, aprobación e implementación, ya que se presentaron reacciones de todo tipo. Si bien, de acuerdo con la encuesta que lideró Banxico (Banco de México) a más de 1.800 empresarios y directivos de compañías mexicanas, resultó claro que la reforma iniciada en el gobierno de Calderón está proveyendo el camino para la creación de mayores puestos de trabajo, las críticas de la masa sindical no se hicieron esperar. De un lado se habla de la creación de más de 200.000 nuevos puestos de trabajo, del otro de la inminente pérdida de garantías para el trabajador. Lo real es que Peña Nieto recibió el país justo en el momento en que la reforma estaba siendo aprobada y se congració con ella. Siendo objetivos, era una reforma necesaria para adecuar el mercado laboral mexicano a las circunstancias contemporáneas de flexibilización en dicha área.

En el terreno de la educación, al igual que en otras latitudes latinoamericanas, la reforma no daba espera. Los tradicionales vicios y las constantes irregularidades en las que, incluso se compraban y vendían las plazas para los maestros, se trataron de manera determinada con la promulgación de la reforma constitucional en materia educativa, donde se halló una enmienda que atacó ese particular problema de raíz. México posee un sistema escolar que, como es norma en casi toda la América Latina, luce obsoleto ante los retos que la globalización exige. Por supuesto hay sectores cómodos en él y para nada existe interés de su parte en que se modifique. De ahí las revueltas y reacciones negativas ante la reforma propuesta para el sector. Sin embargo, es un hecho que los cambios llegarán. Por lo menos ya hubo aprobación legislativa y es el paso necesario para avanzar en la transformación de lo existente.

También en materia de telecomunicaciones la administración está adelantando los trámites necesarios para adecuar dicho campo a las demandas contemporáneas. Lo que procura con esta reforma que ahora se tramita al interior del Congreso de la Unión es impregnar un aire renovador a los entes reguladores, así como a sus instrumentos, para que el sector pueda establecer relaciones competitivas en beneficio de sus usuarios finales. Esta reforma no ha sido tan impopular como las dos anteriores, a pesar de contar con algunas críticas, sobre todo por parte de quienes consideran que otorgarle todo el poder de decisión al Instituto Federal de Telecomunicaciones es improcedente.

Además de lo anterior, Peña Nieto se aprovecha del acuerdo logrado entre partidos políticos, denominado Pacto por México, para impulsar también reformas al sector energético y al ámbito fiscal. Ambas necesarias para corregir los rumbos del país.