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A fines del 2015, el Congreso, designó a 13 magistrados principales y 20 suplentes del TSJ.
El parlamento de Venezuela, dominado por la oposición, nombró el viernes a 13 magistrados de la máxima corte del país, una maniobra que desafía al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que advirtió a los nuevos jueces que serían encarcelados por "usurpación de funciones".
A fines del 2015, el Congreso, -entonces dominado por el oficialismo- designó a 13 magistrados principales y 20 suplentes del TSJ, en un proceso criticado por la oposición como "viciado y apresurado", apenas días antes que la oposición asumiera la mayoría del cuerpo tras ganar las parlamentarias.
"No desmayemos, Venezuela va a tener un Tribunal Supremo de Justicia y unas instituciones al servicio del pueblo y no al servicio de ningún gobernante de turno, de ningún partido político", dijo el diputado Carlos Berrizbeitia, durante la sesión celebrada al aire libre, en una plaza de Caracas, a la que asistieron los nuevos jueces.
La Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, también había denunciado algunas irregularidades en el nombramiento de los magistrados que ahora el Parlamento acordó sustituir. Lo hizo hace unas semanas tras distanciarse del gobierno socialista y criticar las decisiones del máximo tribunal.
La disputa entre poderes ahonda aún más la crisis política en Venezuela, donde millones han salido a las calles desde abril para protestar contra lo que consideran una "dictadura" del presidente Nicolás Maduro.
"Acto subversivo"
El nombramiento de los jueces sería simbólico porque el TSJ insistió el viernes en que todos los actos de la Asamblea carecen de legitimidad hasta que no desincorporen a tres diputados acusados de comprar votos en las parlamentarias del 2015.
"El Tribunal Supremo de Justicia declaró nulo el proceso mediante el cual la Asamblea Nacional pretende designar a un grupo de personas como magistrados de este alto tribunal", dijo el presidente de la Sala Constitucional del TSJ, Juan José Mendoza, tras el nombramiento.
El máximo tribunal del país explicó que basó su decisión, entre otros aspectos, en que los períodos de los jueces no están vencidos y advirtió que quien "indebidamente asuma o ejerza funciones públicas civiles o militares será reo de delito por usurpación de funciones".
"Ante los actos declarados nulos, de evidente ánimo subversivo, la Sala (Constitucional) declara que corresponden a las autoridades competentes, civiles y militares, ejecutar las acciones de cohersión pertinentes a fin de mantener la paz y la seguridad nacionales", agregó Mendoza.
El jueves, la oposición convocó a un paro cívico que fue masivamente acatado, pero que terminó con al menos tres muertos tras enfrentamientos con la fuerza pública. En los últimos cuatro meses, casi 100 personas han fallecido.
Maduro asegura que las protestas sólo buscan derrocarlo y ha prometido seguir adelante con su polémica iniciativa de cambiar la carta magna a través de una Asamblea Constituyente, donde no participará la oposición.
Los 32 magistrados titulares del TSJ tienen entre sus funciones declarar si existe mérito para el enjuiciamiento del presidente, vicepresidente, ministros, diputados, diplomáticos y demás funcionarios. También son los encargados de dirimir controversias entre los poderes públicos y tienen la potestad de vetar leyes aprobadas por la propia Asamblea Nacional.
La Constitución venezolana establece que los miembros de los poderes públicos deben ser nombrados con la aprobación de los dos tercios del Parlamento, pero argucias legales permitieron al oficialismo hacerlo con mayoría simple a fines del 2015.
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