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Con 78% de votos, el parlamento catalán aprobó la ley de consultas populares no refrendarias para llamar a los ciudadanos de dicha comunidad autónoma a votar, en el marco que se quiere que el gobierno convoque un referéndum sobre la independencia de Cataluña el próximo 9 de noviembre.
La vicepresidenta del Ejecutivo autonómico, Joana Ortega clasificó la decisión como “histórica para el pueblo catalán”. En comparación con el proceso independentista escocés, el presidente de la Generalitat, Artur Mass, comentó públicamente que, a diferencia de este país del Reino Unido, “este proceso no se acaba”.
La historia de estos dos países de Europa occidental es muy parecida. Ambos comenzaron como Estados medievales expansionistas. Cataluña aboga por volver a ser aquélla comunidad que alejaba a Valencia y a las Islas baleares. Esta región hoy representa con US$258.040 millones el primer puesto en la generación de PIB de España.
El conflicto más latente entre Cataluña y España es sobre la coparticipación; es decir, cuántos euros son recaudados por el Estado español en Cataluña y cuántos le son devueltos. Siendo los catalanes quienes más pagan impuestos dentro del país, la percepción generalizada es “España nos roba”.
Según los nacionalistas catalanes, su comunidad sufre un saqueo anual de más de US$28.000 millones. Según Madrid, esta cifra es falsa y se asegura que la diferencia entre lo que aporta Cataluña y lo que recibe no es superior a los US$2.800 millones.
Mauricio Jaramillo Jassir, internacionalista de la Universidad del Rosario, la independencia de Cataluña le representaría a España una implicación económica “fuertísima”, puesto que se le iría uno de sus motores económicos y perdería peso dentro de la crisis europea.
“España comenzaría a sufrir una mayor vulnerabilidad dentro de la recesión que vive Europa”. Además, añadió Jassir que los inversionistas podrían encontrar un escenario de desconcierto por un posible riesgo contagio de diferentes comunidades españolas y otras ciudades europeas.
Giovanni Reyes, docente de economía de la Universidad del Rosario, comentó que la expectativa catalana es que, si se da la escisión, sus ciudadanos van a tener una mejor situación y una economía más estable que con el actual modelo e y político español .
“España, por su parte, perdería una de las provincias de mayor productividad y contribución al Producto interno Bruto del País”.
El gobierno del presidente Mariano Rajoy había declarado como ilegal la consulta del parlamento catalán para llamar a sus ciudadanos a las urnas puesto que se “utilizan recursos que robustecen el proceso”. Pese a lo mencionado por la cabeza de gobierno, los catalanes se encuentran un paso más cerca al referendo del próximo 9 de noviembre.
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