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Para reforzar el control en aguas panameñas, el Estado incorporará nuevas patrulleras y aumentará el número de inspectores especializados en supervisión de exportaciones
Panamá avanza en su objetivo de recuperar la “tarjeta verde” de la Unión Europea en 2026, luego de varios años de ajustes y mejoras para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Aunque el país mantiene actualmente una “tarjeta amarilla”, las autoridades consideran que los progresos alcanzados lo colocan en una fase final del proceso de cumplimiento, que esperan completar a inicios del próximo año.
El administrador de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, Arap, Eduardo Carrasquilla, destacó que uno de los pilares del plan es la implementación de un sistema integral de trazabilidad que abarcará toda la cadena pesquera. Este mecanismo permitirá seguir cada producto desde el zarpe de la embarcación hasta su exportación mediante códigos de barras y tecnología QR. Su puesta en marcha está prevista para el primer semestre de 2026, acompañada de una ampliación de la capacidad de vigilancia marítima.
Para reforzar el control en aguas panameñas, el Estado incorporará nuevas patrulleras y aumentará el número de inspectores especializados en supervisión de exportaciones. Según la Arap, estas medidas buscan garantizar que no haya espacio para irregularidades y que cada actor del sector cumpla las normas internacionales de pesca responsable.
En octubre, una delegación oficial integrada por Carrasquilla y el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Hoyos, presentó en Bruselas los avances del país ante el comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis. Allí explicaron las nuevas herramientas de fiscalización, el fortalecimiento de sanciones y los cambios administrativos que Panamá ha adoptado para asegurar un sistema pesquero transparente.
Carrasquilla aseguró que Panamá no permitirá prácticas que vulneren la legalidad y que el compromiso con la sostenibilidad marina forma parte tanto de sus obligaciones internacionales como de la protección de sus recursos. Para el sector pesquero formal, estas mejoras representan además un camino para recuperar acceso pleno a mercados europeos y reforzar la competitividad del país.
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