Oposición venezolana investigará a diputados por presuntas irregularidades

La oposición venezolana dijo el domingo que investigará presuntas irregularidades en sus filas luego de que un medio de comunicación acusara a un grupo de sus diputados de hacer gestiones informales para favorecer a un empresario vinculado al gobierno del presidente Nicolás Maduro.

El líder de la oposición, Juan Guaidó, dijo el domingo que se profundizará la investigación, tras precisar que se ha señalado a "individualidades" y no a todo el Congreso.

El portal web de Armando.info publicó una historia sobre la presunta vinculación de unos legisladores de los partidos opositores Primero Justicia y Voluntad Popular.

El escándalo, que involucra a unos 9 diputados, se conoce en momentos que el esfuerzo de la oposición para lograr la salida de Maduro está perdiendo fuerza y Guaidó, quien ha sido reconocido por más de 50 países como líder legítimo de Venezuela, busca motivar una nueva ola de protestas callejeras.

La bancada opositora es de más de 100 legisladores.

"(Es) inaceptable utilizar una institución del Estado para tratar de lavar la cara a corruptos, a ladrones que han saqueado en todo momento a Venezuela", dijo a periodistas Guaidó, quien en enero invocó la Constitución para asumir una presidencia interina después de declarar que la reelección de Maduro fue un fraude.

"No hay aquí, cómo, en este momento, tratar de ensuciar a todo el parlamento", añadió Guaidó, tras acusar al gobierno de utilizar sus redes de extorsión y de corrupción.

El también presidente de la Asamblea Nacional agregó que "sospecha" que posiblemente hubo dinero de por medio, respondiendo a una pregunta, si los diputados recibieron un pago ilícito por emitir las cartas.

"No permitiré que la corrupción ponga en riesgo todo cuanto hemos sacrificado por recuperar la Libertad", escribió más temprano en un tuit.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, acusó a la oposición de “mercaderes de la política” al reaccionar a la denuncia.

“Me gusta cuando ventea porque la plaga se va, en ese pleito de la corrupción en la dirigencia opositora no hay hueso sano”, escribió en un tuit, el también primer vicepresidente del partido socialista.

Armando.info publicó el domingo que los legisladores emitieron "cartas de buena conducta" al Departamento del Tesoro de Estados Unidos y a la Fiscalía de Colombia a favor de Carlos Lizcano, un ciudadano colombiano, a pesar de las evidencias de vinculación con Alex Saab, también natural de ese país, sancionado por Estados Unidos por corrupción por un programa de distribución de alimentos de Maduro.

El Departamento del Tesoro y la Fiscalía de Colombia no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Reuters no pudo conocer si la Fiscalía de Venezuela, vista por críticos como oficialista, inició una investigación.

El partido Primero Justicia dijo en un comunicado que estaba investigando a tres de sus legisladores señalados en la publicación y que los removerá de la comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición.

Mientras que Voluntad Popular, el partido de Guaidó, dijo en un comunicado que había suspendido a tres legisladores mencionados en el caso.

"Existe un laboratorio de guerra sucia montado contra nosotros y algunos colegas diputados del Parlamento venezolano", tuiteó el diputado Luis Parra, quien fue puesto bajo investigación por su partido Primero Justicia.

Reuters no pudo conocer inmediatamente las acusaciones contra los legisladores, ni pudo obtener comentarios de inmediato de Saab o Lizcano.

Muchas familias venezolanas dependen del programa de alimentos subsidiados de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) para cubrir sus necesidades básicas en la nación sudamericana que sufre una prolongada hiperinflación.

Pero el plan de alimentos ha enfrentando acusaciones por parte de la oposición de Venezuela y el gobierno de Estados Unidos de ser parte de una trama de corrupción.

Maduro acusa a Estados Unidos de intentar destruir el programa que el gobierno afirma ayuda a unos seis millones de familias.