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Esta decisión del Congreso se trata de un paso previo para acudir a una corte en Estados Unidos a denunciar la ilegalidad de ese papel justo antes del 27 de octubre
El equipo del líder de la oposición de Venezuela, Juan Guaidó, se prepara para iniciar en “días” una batalla judicial en Estados Unidos que proteja a Citgo, un refinador que controlan en ese país y está en riesgo de ser embargada por tenedores del bono PDVSA 2020, dijeron tres fuentes conocedoras del caso.
En la sesión del Congreso que preside Guaidó y domina la oposición se ratificó el martes un acuerdo aprobado en 2016, antes de la emisión de ese título, donde los diputados cuestionaron al gobierno del presidente Nicolás Maduro por usar acciones de Citgo como garantía del título al 2020 que en su momento canjearon con tenedores por papeles que vencían.
Esta decisión del Congreso se trata de un paso previo para acudir a una corte en Estados Unidos a denunciar la ilegalidad de ese papel justo antes del 27 de octubre cuando los bonistas aguardan un pago de más de 900 millones de dólares por capital e intereses, dijeron las fuentes sobre la estrategia.
“Tendremos que hacer todos los esfuerzos para defender los intereses más sagrados de Venezuela (...) defender el activo para que no quede en manos de quienes han hecho negocios indebidos”, dijo el diputado opositor Alfonso Marquina al pedir en la sesión ratificar la nulidad del bono por “ilegal”.
La opción judicial era una alternativa que evaluaban los asesores de Guaidó en las últimas semanas una vez que aún no alcanzan un acuerdo con los tenedores del PDVSA 2020 en una negociación en que los acreedores insisten en recibir el pago total de octubre, apuntaron las fuentes consultadas.
Guaidó tampoco ha podido conseguir hasta ahora que el gobierno de Estados Unidos emita una orden ejecutiva que proteja a Citgo de los acreedores, pese al apoyo que recibió de la administración de Donald Trump al asumir como presidente interino de su país tras desconocer el segundo mandato de Maduro en enero.
De acuerdo con los asesores de Guaidó, “el contrato de la emisión del bono al 2020 firmado por PDVSA es un contrato de interés público nacional y ha debido ser autorizado por la Asamblea Nacional”, según un documento visto por Reuters que preparó su equipo para sustentar la acción judicial.
Operadores en Nueva York y Caracas tienen dudas sobre la fortaleza legal de la oposición en Venezuela para defender a Citgo, pues el equipo de Guaidó pagó unos 71 millones de dólares en intereses del bono 2020 este año.
“En abril pagamos bajo protesta para evitar que nos quiten Citgo porque no estábamos preparados para ir a juicio. Hoy sí lo estamos”, escribió en Twitter el martes Ricardo Hausmann, un economista que ha servido de asesor a Guaidó.
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