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Presidente de Panamá, José Raúl Mulino
Desde el Ejecutivo, la medida ha sido presentada como un paso hacia la formalización del sector y una respuesta a la transformación tecnológica del transporte urbano
En un intento por contener la creciente controversia en el sector transporte, el presidente panameño, José Raúl Mulino, anunció la convocatoria de una reunión clave con autoridades y entidades reguladoras para revisar el alcance del Decreto Ejecutivo No. 10. La decisión llega tras una ola de críticas provenientes tanto de conductores tradicionales como de usuarios de plataformas digitales.
El encuentro, previsto con representantes de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre y el Ministerio de Gobierno, busca abrir un espacio de discusión institucional frente a las inquietudes que ha despertado la normativa. “No estamos para perjudicar a nadie”, aseguró el mandatario, enfatizando que la intención es mejorar el servicio sin afectar a los actores involucrados.
El detonante de la polémica es el Decreto Ejecutivo No. 10, firmado el 16 de abril de 2026, mediante el cual el Gobierno incorpora formalmente a plataformas como Uber e InDriver dentro de la categoría de “Taxi de Lujo”. Esta reclasificación implica que dichas aplicaciones deberán operar bajo los lineamientos y controles establecidos para el transporte selectivo en el país.
Desde el Ejecutivo, la medida ha sido presentada como un paso hacia la formalización del sector y una respuesta a la transformación tecnológica del transporte urbano. Sin embargo, en la práctica, ha abierto un frente de discusión sobre la equidad en las condiciones de competencia, los costos regulatorios y el impacto sobre los modelos de negocio existentes.
En defensa de la normativa, el director de la Attt, Nicolás Brea, calificó el decreto como un “avance histórico” orientado a modernizar el sistema y elevar los estándares de servicio al usuario. Según explicó, la regulación permitirá un mayor control estatal, fortalecerá la seguridad y dará un marco jurídico claro a las plataformas digitales.
No obstante, el debate sigue lejos de resolverse. Mientras algunos sectores ven en la medida una oportunidad para ordenar el mercado y reducir la informalidad, otros advierten riesgos de sobrerregulación y posibles efectos adversos en tarifas y disponibilidad del servicio.
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