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El conflicto dentro del sector está relacionado con los reclamos salariales, las condiciones laborales y la falta de insumos y medicamentos
Más de 200 anestesiólogos de Paraguay presentaron sus renuncias ante el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Mspybs, una decisión que afecta entre 70% y 80% de los especialistas del país y representa entre 330 y 350 vínculos laborales dentro del sistema público.
El conflicto está relacionado con los reclamos salariales, las condiciones laborales y la falta de insumos y medicamentos. Los profesionales aseguran que el desabastecimiento de elementos básicos para atender emergencias se mantiene desde hace casi un año.
La situación afecta a hospitales de referencia de Asunción y otras ciudades del país , entre ellos el Hospital de Trauma, Hospital Nacional de Itauguá, Ineram, Instituto de Medicina Tropical, Hospital General de Luque y Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu.
En el Hospital de Encarnación, el impacto es especialmente fuerte: de los 19 anestesiólogos que integran el plantel, solo tres continúan en funciones, según los datos entregados por el sector.
La anestesióloga Nélida Caballero, del Hospital Pediátrico Acosta Ñu, advirtió que la reducción del personal puede afectar cirugías de urgencia y programadas, además de endoscopías, colonoscopías, estudios con sedación y la atención de reanimación crítica en las Unidades de Terapia Intensiva, UTI.
Desde el Sindicato de Médicos Anestesiólogos del Paraguay, Sara Burgos y Nélida Caballero señalaron que entre los elementos faltantes están tubos endotraqueales y medicamentos inotrópicos. Según las profesionales, en algunas emergencias los pacientes o los propios médicos terminan asumiendo el costo de los insumos.
El gremio también pide una revisión salarial acorde con la formación y las exigencias de la especialidad. Los anestesiólogos sostienen que su preparación requiere entre 10 y 12 años de formación universitaria y especializada, además de extensas jornadas y un alto nivel de responsabilidad.
El Ministerio de Salud tiene plazos administrativos de 10 días para los médicos nombrados y de 30 días para los contratados, tras la presentación de las renuncias. El sector espera una respuesta dentro de esos periodos y advierte que, sin garantías sobre salarios, condiciones laborales e insumos, podría quedar fuera del sistema público una parte mayoritaria de los anestesiólogos.
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