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Este pacto intergubernamental completa la normativa que ya ha sido aprobada por la Eurocámara sobre la creación de un mecanismo único de liquidación, que establece este fondo, así como un sistema centralizado de toma de decisiones. El objetivo de este mecanismo es que sean las entidades y no los contribuyentes los que paguen la factura de futuras crisis.
En virtud del acuerdo firmado este miércoles, las contribuciones de los bancos recaudadas a nivel nacional se trasferirán al fondo de liquidación, que inicialmente estará formado por compartimentos nacionales. Éstos se mutualizarán gradualmente durante un periodo de transición de ocho años.
No obstante, el ritmo de mutualización será más acelerado al principio, empezando con un 40% el primer año y un 20% el segundo.
La contribución individual de cada banco se calculará proporcionalmente al volumen de sus pasivos (excluyendo los fondos propios y los depósitos cubiertos) con respecto al total de pasivos de todas las entidades de los Estados miembros participantes. Las contribuciones se ajustarán además según el perfil de riesgo de cada institución. Los bancos españoles aportarán entre el 12% y el 13% del total, según el ministerio de Economía.
Los Estados firmantes del acuerdo intergubernamental han adoptado una declaración en la que se comprometen a completar el proceso de ratificación a tiempo para que el fondo de liquidación esté plenamente operativo el 1 de enero de 2016.
Los países que han firmado el pacto pero no son todavía parte de la unión bancaria (por ejemplo, los que están fuera de la eurozona) sólo estarán sujetos a sus derechos y obligaciones cuando se adhieran.
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