Los acreedores consideran cambios en los planes de la reorganización de Wom Chile

La discusión de Wom Chile y sus acreedores en el marco del proceso que se desarrolla en el Tribunal de Quiebras de Delaware, Estados Unidos, no se detiene. Ahora, el grupo ad hoc (que está empujando por traer la reorganización de la compañía a Chile), presentó ante esa corte de EE.UU. un compromiso para poner sobre la mesa US$ 175 millones para financiar la operación de la empresa en el marco de un potencial proceso de reorganización judicial en nuestro país.

Mediante una declaración a la jueza Karen B. Owens, el abogado Octavio Bofill, de Bofill Mir abogados (y asesor del grupo ad hoc) afirmó que la legislación chilena cuenta con los mecanismos suficientes para poder llevar una reorganización de este tamaño, y que incluso, si el proceso se desenvuelve en Chile, el financiamiento estaría asegurado.

“Los acreedores ad hoc se complacen en informar su interés en proporcionar a los deudores una línea de financiamiento garantizada prioritaria de hasta US$175 millones. Este es un acuerdo para comprometerse solidariamente y no conjuntamente a proporcionar el financiamiento, sujeto a los términos y condiciones establecidos en esta carta y acuerdos de financiamiento definitivos y documentación relacionada para el fondo”, se desprende de la carta misiva presentada por los acreedores.

De acuerdo al documento presentado por Bofill, los recursos los inyectarán tres entidades financieras: Amundi US, Man GLG y Moneda, donde cada institución se compromete con US$ 12,9 millones, US$ 74,8 millones y US$ 87,3 millones respectivamente.

Reorganización más rápida

A su vez, el abogado chileno aseguró que “la promulgación de la Ley de Insolvencia chilena cambió el paradigma de las leyes concursales de un sistema basado en sanciones que miraba con sospecha a las empresas en quiebra financiera, a un sistema centrado en brindar a las empresas en problemas oportunidades para superar las dificultades financieras y reorganizar sus operaciones y reestructurar su endeudamiento mediante un acuerdo de reestructuración vinculante con sus acreedores”.

Señaló que, actualmente, la Ley de Insolvencia chilena enfatiza el principio de mantener en funcionamiento a las empresas viables y prioriza la reorganización o reestructuración de los deudores sobre su liquidación.

Además, Bofill destacó en su declaración que los procedimientos de reorganización en Chile son más rápidos y rentables en comparación a los que se realizan en EE.UU., ya que brindan a deudores y acreedores resoluciones rápidas para sus casos de reestructuración.

Según el profesional, “un procedimiento de reorganización típico chileno se resuelve en aproximadamente tres a seis meses, independientemente del tamaño del caso (...) lo que respalda aún más la propuesta de que estos procedimientos se resuelven de manera expedita”.

Sumado a esto, el representante del grupo ad hoc señaló que (basado en su experiencia personal y conocimiento sobre procedimientos de insolvencia de empresas chilenas que se han acogido al Capítulo 11 en Estados Unidos y la información pública disponible) “los costos de los procedimientos de reorganización chilenos son significativamente menores”.