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Representantes del gobierno de los Estados Unidos y directivos del sector tecnológico dialogaron en el marco de la reunión ministerial
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El encuentro del grupo de trabajo sobre tecnología de la reunión ministerial del G20 contó con la presencia de altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos y líderes del sector tecnológico e industrial internacional.
La sesión fue organizada y conducida por Michael Kratsios, director de la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca. Participaron como expositores convidados el empresario Elon Musk, director ejecutivo de Tesla y SpaceX; David Sacks, inversionista y copresidente del Consejo de Asesores de Ciencia y Tecnología del presidente de los Estados Unidos; y el doctor Bob Mumgaard, cofundador y director ejecutivo de la empresa de energía de fusión Commonwealth Fusion Systems.
El contexto de la reunión se centra en las discusiones preliminares de los ministros de tecnología del G20 para el desarrollo de un marco de gobernanza sobre la inteligencia artificial y tecnologías emergentes. El gobierno estadounidense promovió la adopción de los denominados Principios de Carolina, una iniciativa no vinculante orientada a fomentar políticas de regulación ligera, evitar la creación de nuevas agencias burocráticas y apoyar la innovación mediante la colaboración entre el sector público y el privado.
Durante el diálogo, los expositores analizaron el impacto de estas reglas en la competitividad global, la infraestructura energética y el despliegue de soluciones tecnológicas en la economía.
En la primera intervención, Elon Musk abordó los factores normativos que diferencian el desarrollo tecnológico entre países. Cuestionó la alta carga regulatoria en regiones como la Unión Europea, donde afirmó que las nuevas tecnologías suelen ser consideradas "ilegales por defecto". Musk sostuvo: "Ustedes tienen que tener un entorno que esté relativamente libre de regulación, lo que significa que las cosas nuevas deben ser legales por defecto, en lugar de ilegales por defecto". Asimismo, sugirió enfocar los apoyos hacia las empresas emergentes al señalar: "La mayoría de los países tienden a brindar demasiado apoyo a los grandes árboles existentes en el bosque y no el suficiente a los brotes jóvenes... son las pequeñas empresas emergentes las que necesitan apoyo".
El empresario también compartió estimaciones sobre la productividad derivada de la inteligencia artificial digital y la robótica humanoide. Afirmó que la IA podría incrementar la economía global entre 20% y 30%, equivalente a entre US$20 y US$30 billones anuales, y proyectó que en un plazo de diez años existirán más de mil millones de robots humanoides cuya productividad conjunta superará a la de la fuerza laboral humana. Ante la pregunta sobre la capacidad eléctrica requerida para sostener estos desarrollos, Musk advirtió sobre un déficit proyectado de al menos 15 gigavatios para 2027 en el suministro necesario para los chips de IA fuera de China, e instó a los gobiernos a impulsar la generación eléctrica local para atraer inversiones en centros de datos.
Posteriormente, David Sacks analizó el volumen de inversión en infraestructura de computación en los Estados Unidos, estimado en US$800.000 millones para este año y en US$1,4 billones para el próximo. Sacks comparó esta expansión con la construcción del ferrocarril en el siglo XIX y expresó que "es una nueva revolución industrial". Frente a la regulación, rechazó las propuestas de crear un órgano regulador de aprobación previa similar a la FDA para la IA, argumentando que la dinámica del sector es demasiado rápida para esquemas burocráticos y que se debe preservar la "innovación sin permiso" que caracterizó a Silicon Valley.
Respecto al impacto de los centros de datos en las comunidades, Sacks explicó que el modelo de generación eléctrica propia por parte de las empresas tecnológicas evita que los costos de electricidad aumenten para los usuarios residenciales. Indicó que la aportación del exceso de energía a la red pública ayuda a bajar las tarifas e invertir en infraestructura local, citando como ejemplo reducciones en los impuestos a la propiedad en condados estadounidenses que han recibido estas instalaciones. Sacks reiteró que la postura de la administración federal respeta el principio de que la aceptación de estos proyectos corresponde a las autoridades locales y estatales.
Por su parte, Bob Mumgaard presentó la perspectiva de las tecnologías físicas complejas y la transición de proyectos científicos hacia su aplicación comercial. Mumgaard destacó que la industria de la energía de fusión privada ha atraído más de US$14.000 millones en inversiones y abarca a más de 50 empresas en la actualidad.
Explicó que el avance en esta área requiere la coordinación entre conocimiento científico, capital privado y un marco gubernamental que otorgue certidumbre regulatoria sin asfixiar la investigación inicial mediante estructuras rígidas.
Mumgaard detalló cómo los reguladores en los Estados Unidos y el Reino Unido adaptaron normativas existentes para aceleradores de partículas para otorgar licencias a plantas de fusión, en lugar de crear un marco totalmente nuevo antes de conocer los detalles de la tecnología. Con relación a los plazos para la integración de la energía de fusión en la red eléctrica comercial, el directivo indicó que las instalaciones en construcción actuales buscan concretar la generación de electricidad comercial para principios de la década de 2030, apoyándose en herramientas avanzadas de cómputo, inteligencia artificial y nuevos materiales.
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