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Aunque el legislativo respaldó el informe no vinculante, la oposición todavía está examinando qué cargos quiere presentar contra Lasso
La Asamblea Nacional de Ecuador votó el martes a favor de desclasificar documentos reservados que forman parte de las investigaciones sobre presunta corrupción en empresas públicas, previo a un posible pedido formal de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso.
A principios de este mes, la mayoría de los legisladores de la Asamblea Nacional, cuyos miembros se han enfrentado repetidamente con el conservador Lasso, respaldaron un informe de una comisión especial que lo acusa de conexiones con posibles delitos contra la seguridad del Estado y la administración pública, afirmaciones rechazadas por el Gobierno.
Aunque el legislativo respaldó el informe no vinculante, la oposición todavía está examinando qué cargos quiere presentar contra Lasso y aún no ha solicitado formalmente el juicio político en su contra.
La resolución del martes, adoptada en una sesión privada de la Asamblea Nacional, permite a los legisladores acceder a los registros de visitantes de la presidencia y a información de la Superintendencia de Compañías del país.
"En este momento hemos aprobado por unanimidad tanto el levantamiento de la reserva de la información de la Superintendencia de Compañía, el cartón ha sido abierto ya en nuestra presencia, y también se ha levantado la reserva de la bitácora de la presidencia", dijo el legislador del partido Pachakutik, Darwin Pereira, a periodistas.
El registro de visitantes será digitalizado y compartido con los legisladores, agregó.
Cualquier proceso de juicio político contra Lasso, que sobrevivió a un intento de derrocamiento el año pasado durante las protestas antigubernamentales, también requeriría la aprobación de la Corte Constitucional del país.
Las audiencias de juicio político, que necesitan los votos de 92 legisladores para proceder, podrían resultar en la censura y destitución del presidente ecuatoriano.
El Gobierno no hizo comentarios inmediatos, pero anteriormente había dicho que los hallazgos del informe se basan en coincidencias y conjeturas.
Lasso también ha negado las acusaciones de corrupción y dijo que su Gobierno cooperará plenamente con las investigaciones en curso de la oficina del fiscal general sobre supuestos sobornos en empresas estatales.
La organización indígena CONAIE, que lideró las protestas el año pasado, ha pedido la renuncia de Lasso pero hasta ahora no ha hecho llamados a protestas nacionales.
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El Senado aún debe aprobar la resolución antes de enviarla a la Cámara de Representantes, que difícilmente avalará la medida
