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Congresista de Illinois busca que los funcionarios de salud prohíban los productos químicos utilizados en los envases de comidas
El representante estadounidense Raja Krishnamoorthi, un demócrata que encabeza el panel de políticas del consumidor del Comité de Reforma y Supervisión de la Cámara de Representantes, le escribió a la comisionada interina de la Administración de Drogas y Alimentos, Janet Woodcock, para pedirle que explicara qué evidencia tiene la agencia de que los niveles de los químicos, llamados ftalatos, que actualmente permite en los envases de alimentos son seguros. Krishnamoorthi dijo que la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor ha prohibido ocho ftalatos en los juguetes para niños en concentraciones superiores al 0,1%.
Krishnamoorthi también preguntó cuándo la FDA tomaría una decisión sobre una petición presentada hace más de cinco años por defensores de la salud que buscaban prohibir el uso de químicos.
“La FDA tiene la tarea de garantizar la seguridad del suministro de alimentos de nuestra nación, pero durante múltiples administraciones la agencia no ha logrado proteger a los estadounidenses vulnerables de los efectos perniciosos de los alimentos contaminados con ftalatos”, escribió Krishnamoorthi. “La FDA no debe permitir que estos químicos peligrosos continúen dañando a las familias estadounidenses”.
Los ftalatos ayudan a ablandar el plástico, haciéndolos útiles en el envasado, pero pueden filtrarse en los alimentos. Un artículo de abril en el American Journal of Public Health escrito por expertos en químicos tóxicos y desarrollo neurológico destacó los estudios que encontraron que los ftalatos “pueden afectar el desarrollo del cerebro y aumentar los riesgos de trastornos del aprendizaje, la atención y el comportamiento en la niñez”.
Los estudios en animales también han relacionado los ftalatos con alteraciones en el funcionamiento de las hormonas.
Los defensores que presentaron una petición en 2016 solicitando que la FDA prohibiera los productos químicos demandaron a la agencia el mes pasado a través de un grupo de derecho ambiental sin fines de lucro llamado Earthjustice que busca obligar a la agencia a actuar.
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