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El tema de las consultas previas pone a las empresas mineras y a los gobiernos de los países latinoamericanos en una situación difícil. Por un lado, estas entidades procuran respetar el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a la cual se suscribieron.
Sin embargo, en más de una ocasión la falta de legislación clara y un sistema de transparencia eficiente hacen que estos sean procesos de licitación larga y complicada. Esto puede lograr que los proyectos se atrasen o incluso se suspendan haciendo a las mineras y a la economía perder millones en inversiones potenciales. Las consultas previas consisten en un diálogo entre la compañía que quiere iniciar el proyecto, el gobierno o ente regulador, y los voceros de la comunidad que se verá afectada.
Colombia busca claridad
En el país, la consulta previa fue adoptada al ratificar el convenio y además se incluyó en la constitución para garantizarlo como un derecho humano. César Díaz, director ejecutivo de la Cámara Colombiana de Minería, aseguró que las compañías apoyan este proceso, pero se ha vuelto tan complicado que una consulta previa podría costar casi $4.000 millones.
En Colombia, el último caso fue el de CCX, la empresa minera que estaba considerando su estadía en el país, ya que debía reunirse con 21 comunidades diferentes, lo cual sumaba cerca de 400 reuniones. “Este proceso es complejo, no hay claridad en los tiempos y no hay claridad en la responsabilidad de cada una de las partes”, dijo Díaz.
Incluso el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, pidió durante su intervención en el encuentro extraordinario de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) que la consulta previa fuera reglamentada de manera detallada, o las compañías deberían sujetarse a una legislación de ámbitos generales.
Perú pierde por retrasos
En el caso de Perú, el abogado ambiental de ese país Lorenzo de la Puente explicó que el convenio de la OIT hace parte del estado peruano, no obstante, recientemente “el Ministerio de Cultura está, de manera innecesaria, causando problemas a otras autoridades, como es el caso del Ministerio de Energía y Minas, que ha paralizado procedimientos administrativos esperando las definiciones de Viceministerio de Interculturalidad”. Entre diciembre de 2011 y julio de 2012, se postergó el inicio de 15 medianos y grandes proyectos en 12 departamentos, y que, en total, suman inversiones por US$ 17,026 millones. Estos retrasos fueron especialmente causados por demoras en los estudios de impacto ambiental, los cuales están sujetos a los retrasos para aprobar el reglamento de la Ley de Consulta Previa. Conflictos relacionados con el tema dejaron 200 muertos entre 2006 y 2011.
Chile lidia con la participación
En el caso de Chile, la Ley 19.300 permite a cualquier persona informarse del contenido de un proyecto, conocer los detalles de los documentos que lo acompañan, y por supuesto formular observaciones. Así lo explicó el abogado Jerónimo Carcelén, socio de Carcelén & Cia. Esto permite que las personas se enteren sobre los proyectos, pero depende del estado regular la aprobación. Esto no quiere decir que las consultas no hayan surtido un efecto de freno sobre los proyectos en 2012. La Corte de Apelaciones de Antofagasta dejó sin aprobación el proyecto minero El Morro, de la canadiense Gold Corp, el más grande que se había emprendido en el país, exigiendo además un nuevo estudio de impacto ambiental. Según la sentencia, la autoridad vulneró el derecho a consulta de la Comunidad Agrícola Diaguita.
En México no existe la consulta
Aunque en el país norteamericano sí se ratificó el convenio de la OIT, lo cual obliga a sus autoridades a velar por los derechos de sus comunidades indígenas, este no ha adquirido ninguna ley que regule el proceso, según explicó el abogado Mauricio Llamas, socio de Jones Day en México. “Actualmente, únicamente el Estado de San Luis Potosí cuenta con una ley en la materia”.
Esto no ha evitado que los proyectos se retrasen, ya que han sido obstaculizados por la falta de un procedimiento de consulta aterrizado, como el caso de la empresa canadiense First Majestic Silver Corp, en territorio de la Reserva de Wirikuta.
Chile atrae la inversión minera asiática
Los capitales asiáticos comprometidos en la cartera de proyectos de la minería chilena ascienden a US$11.074 millones, según datos del ministerio del ramo, reportó Diario Financiero. Este monto representa un 10,6% de los US$ 104.000 millones de inversión que el gobierno estima que se acometerán en este sector para 2022.
La mayoría de estos desembolsos corresponden a participaciones minoritarias en los proyectos. Los países con más notoria participación son Japón, Corea del Sur e India. Sin embargo, aún no se concreta el arribo de capitales chinos.
La opinión
Mauricio Llamas
Socio de la firma Jones Day en México
“Estos instrumentos pueden ser utilizados con intereses no vinculados con los principios, sino para frenar el desarrollo de proyectos para obtener beneficios económicos”.
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