Las piezas que mueve el Gobierno para materializar su plan de impulso a los proyectos de inversión

En sus primeros 10 días, el nuevo Gobierno ha desplegado una batería de anuncios que busca marcar desde el inicio el sello de su administración: un recorte transversal del gasto público en 3% para los ministerios, un ajuste fiscal de mayor alcance, medidas para contener el gasto en gratuidad universitaria, cambios tributarios pro inversión y una ofensiva para destrabar permisos y facilitar proyectos paralizados.

A eso se suma la revisión de decretos ambientales y una agenda legislativa diseñada para instalar con rapidez el llamado “Gobierno de emergencia”.

En Hacienda, Economía y Medio Ambiente hay equipos técnicos designados con una misión común: ordenar el gasto público, destrabar permisos y acelerar decisiones que permitan mostrar resultados tempranos en los primeros meses de gestión y donde la palabra clave es “inversión”.

La apuesta es ambiciosa: reducir la burocracia, reactivar proyectos y dar certezas a los inversionistas aprovechando la “luna de miel” que generalmente tienen los gobiernos en sus primeros días de mandato. Desde la coordinación interministerial para aprobar autorizaciones, hasta la fiscalización a los deudores morosos del CAE y el retiro de decretos para su posterior reingreso a la Contraloría, el Ejecutivo busca instalar un sello de rapidez y eficiencia. Sin embargo, su éxito dependerá de cuánto logre alinear a las carteras detrás de una misma hoja de ruta y de que los inversionistas comiencen a apostar por Chile.

Esta semana, los anuncios de BHP para la expansión de Escondida por US$5.000 millones y de Freeport-McMoRan, que ingresó también el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de continuidad operacional para Minera El Abra, con una inversión de US$7.500 millones, fueron un aliciente para el Gobierno, que tiene un plan, un equipo y hombres clave para que la economía se mueva.

Economía: coordinación interministerial para acelerar permisos

Esta semana hizo su estreno ante el mundo financiero y empresarial el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas. “Estamos trabajando para convertir 90 permisos en autorizaciones firmadas en los próximos seis meses y, en una segunda etapa, agregar otras 100 autorizaciones firmadas para completar alrededor de 200, que es la mitad de los trámites que tiene que hacer uno sectorialmente en cualquiera de estos proyectos”, afirmó el biministro tras reunirse con los máximos líderes de la industria minera en Antofagasta y participar del Seminario de Sura Investments.

Desde la cartera que lidera se asume que el desafío planteado por el ingeniero agrónomo y exvicepresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) es ambicioso y requerirá de un trabajo concienzudo por parte del encargado de la nueva Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión (OASI), Pablo Eguiguren.

Uno de los diagnósticos a los que llegaron en el equipo liderado por el exjefe de gabinete del exministro José Ramón Valente, durante el segundo mandato de Sebastián Piñera, es que las autorizaciones para la aprobación de proyectos requieren un alto nivel de coordinación interministerial, algo que, de acuerdo con la evaluación realizada, no estaba ocurriendo.

Por esta razón, desde la OASI trabajarán en la coordinación entre los distintos ministerios, de manera tal que los equipos técnicos encargados de la revisión de permisos sectoriales actúen de forma alineada. De hecho, si estos procesos enfrentan trabas, el propio biministro Mas está comprometido a gestionar directamente con sus pares la solución a eventuales diferencias entre las distintas carteras. Mas tiene claro su modus operandi: estar en terreno, en las regiones, para ver los proyectos y buscar la forma de destrabarlos.

En tanto, Eguiguren y el subsecretario de la cartera, Karlfranz Koehler, estarán encargados de implementar la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (LMAS), así como de trabajar en la elaboración de los decretos y reglamentos que llevan la firma del ministro de Economía.

“Se tienen que hacer inicialmente 26 nuevas reglamentaciones asociadas a esta ley en distintos sectores de la economía como salud, Obras Públicas, energía, minería y defensa. Los ministerios sectoriales son los que van a definir cómo se implementan los reglamentos en coordinación con Economía. También serán responsables de convertir las autorizaciones sectoriales en declaraciones juradas más simples. Economía lo que hará es un rol articulador de la implementación de la ley, así como poner en marcha el programa de simplificación regulatoria”, explica una fuente.

Así, el trabajo técnico lo hace Eguiguren, el subsecretario será el articulador y las definiciones estratégicas y políticas las toma el ministro.

La OASI surgió al alero de la LMAS, aprobada durante la gestión del exministro Nicolás Grau. Sus dependencias están alojadas en el corazón del edificio institucional del Ministerio de Economía y seguirá ahí, aseguran a nivel interno, pese a que originalmente se planteó que su funcionamiento dependiera directamente del jefe del equipo económico del Gobierno, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Medio Ambiente: equipo con “viejo conocido” para acelerar la revisión de decretos

Esta semana, Francisca Toledo, ministra de Medio Ambiente, tuvo un rol protagónico luego de que su repartición retirara de la Contraloría General de la República un paquete de 43 decretos supremos vinculados a la agenda climática, de calidad del aire, conservación de ecosistemas y protección de la biodiversidad, tramitados entre 2023 y 2026 por la administración del expresidente Gabriel Boric.

La medida causó gran impacto en la ciudadanía y generó críticas públicas por parte de exministros de la cartera, como Maisa Rojas y Marcelo Mena. Desde el Ministerio de Medio Ambiente explicaron que “este trabajo se desarrolla en el marco del plan de auditoría interna del Gobierno, el que exige una revisión minuciosa y exhaustiva de todos los decretos y reglamentos pendientes”.

Asimismo, afirmaron que el Ministerio está trabajando de manera prioritaria en la revisión de los decretos para reingresarlos a la brevedad a la Contraloría. Fuentes conocedoras del proceso comentan que el ruido mediático generado obligó a la cartera a acelerar la revisión de dichos documentos y que los profesionales que estarán a cargo comenzaron inmediatamente su trabajo.

De hecho, el jueves la Contraloría General de la República informó que tomó razón del decreto que aprueba el Plan de Recuperación, Conservación y Gestión de las ranitas de Darwin, tras el rápido reingreso por parte del Ministerio al órgano contralor. Sin embargo, desde la cartera advierten que no hay un tiempo determinado para el reingreso del resto de los decretos, debido a la complejidad de cada uno.

El equipo a cargo de la revisión está compuesto por el biólogo e ingeniero agrónomo, con especializaciones en manejo de recursos naturales y políticas públicas, Tomás Saratscheff. Este profesional es conocido en el Ministerio, ya que fue uno de los asesores de la exministra de Medio Ambiente durante el segundo Gobierno de Piñera, Carolina Schmidt.

Antes de asumir este desafío, se desempeñaba como director de Conservación de la ONG Fondo Naturaleza Chile, espacio en el cual ha trabajado en la planificación y gestión de áreas protegidas y proyectos de conservación de especies amenazadas en Sudamérica, África y el Caribe.

Según el sitio web de Fondo Naturaleza Chile, su directorio está presidido por la propia exministra Schmidt y entre sus miembros figura el director del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), Aarón Cavieres, a quien el actual Gobierno solicitó su renuncia, pese a haber sido designado en dicho cargo a fines de 2025 a través de un proceso realizado por el sistema de Alta Dirección Pública (ADP).

Asimismo, participan de la revisión de los decretos que restan por reingresar a la Contraloría el subsecretario de Medio Ambiente, José Antonio Vial, y la jefa de la División Jurídica, Paulina Sandoval.

Hacienda: ajuste fiscal, fiscalización a morosos y medidas pro inversión

El seminario económico “La Primera Lectura de un Nuevo Ciclo”, organizado por Diario Financiero, fue el escenario escogido por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para entregar mayores detalles del Plan de Reconstrucción Nacional, iniciativa que incluye un paquete de medidas para agilizar proyectos de inversión con foco en dar certeza tributaria, destrabar proyectos y contener el gasto fiscal.

El ministro Quiroz se planteó tres metas al finalizar el periodo de Gobierno en 2030. En primer lugar, volver a crecer a 4%, lo que requiere aumentar la inversión a 31% del PIB, equivalente a cerca de US$24.000 millones adicionales de inversión; además de aumentar entre 1% y 1,5% anual la Productividad Total de Factores (PTF) e incrementar en 0,7% la fuerza laboral al año.

Durante su intervención, Quiroz se refirió a medidas para reactivar el sector inmobiliario, entre ellas la eliminación temporal del pago de IVA a la venta de viviendas, la extensión del DFL2, la mantención del subsidio a la tasa hipotecaria implementada por el Gobierno anterior y la presentación de un decreto, que será sometido a consulta pública, que modifica la ordenanza general de urbanismo y construcción y que podría hacer bajar el precio de las viviendas entre 10% y 15%.

Esto se suma a la rebaja gradual del impuesto de primera categoría de 27% a 23% y la reintegración del sistema tributario, lo que permitiría nuevamente que las personas de altos ingresos puedan descontar de su impuesto personal el gravamen pagado como dueño, socio o accionista de una sociedad.

También entregó algunas luces respecto de la creación de un nuevo mecanismo de invariabilidad tributaria. Para devolver la certeza regulatoria, “necesitamos el DL600 de vuelta”, señaló la autoridad, antes de adelantar que están buscando una fórmula para adaptar la normativa a las nuevas oportunidades de inversión, principalmente en la minería.

Como ejemplo, mencionó los nuevos proyectos de expansión de yacimientos anunciados recientemente por BHP, por más de US$5.000 millones, y Freeport-McMoRan, que anunció una inversión de US$7.500 millones para expandir la faena El Abra. “El DL600 operaba para proyectos independientes. Hay que hacer una precisión técnica que esperamos lograrla”, explicó Quiroz.

En el mercado ven con buenos ojos los anuncios realizados por el ministro de Hacienda, pero plantean exigencias de cara a la presentación de este proyecto de ley al Congreso, especialmente respecto del “nuevo” DL600. “Celebro que haya anunciado reintegración y que esté pensando en un sistema de invariabilidad tributaria. No lo especificó, pero me imagino que está pensando aplicarlo para inversionistas nacionales y extranjeros”, planteó la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez.

A cargo de liderar el equipo encargado de la redacción de estas iniciativas se encuentra la mano derecha y jefe de asesores de Quiroz, Tomás Bunster, junto al coordinador de política tributaria, Sebastián Vallebona.

En tanto, la coordinadora legislativa Bárbara Bayolo es la encargada de liderar el trabajo prelegislativo que permita avanzar con mayor celeridad en la tramitación de esta batería de medidas en el Congreso.

A nivel de las arcas fiscales, el titular de Hacienda plantea una contención del gasto en gratuidad universitaria, siguiendo los lineamientos propuestos en la Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público, convocada por el exministro de Hacienda, Mario Marcel, y la exdirectora de la Dirección de Presupuestos, Javiera Martínez.

Asimismo, propone recuperar parte de la deuda morosa del CAE, que actualmente llega a $4.000 billones; es decir, casi ocho veces superior al monto acumulado a 2018, fortaleciendo las facultades de fiscalización del SII y la Tesorería General de la República. “Desde 2017, la Tesorería no ha efectuado ninguna acción de cobro”, dijo el ministro.

Por esta razón, el rol del Tesorero General de la República, Hernán Nobizelli, será clave a la hora de fiscalizar el pago de los deudores morosos del CAE. Según un cruce de datos realizado por Hacienda, actualmente existen 1.800 personas morosas del CAE que ganan más de $5 millones brutos al mes, adeudando US$20 millones. Los que ganan más de $1,5 millones brutos adeudan US$800 millones, montos que el Gobierno buscará que sean restituidos.

“No necesitamos una nueva ley para ello, necesitamos que la Tesorería haga el trabajo”, aseveró el jefe de la billetera fiscal.

Quiroz reveló que le exigió al Tesorero aumentar la meta total de recaudación de deudas morosas con el Estado de aproximadamente US$800 millones a US$1.500 millones. “Esto no cambia el déficit porque está bajo la línea, pero sí alivia las necesidades de financiamiento del Estado chileno”, expresó.