Rayos de esperanza, brotes verdes, crecimiento... Son las palabras más ansiadas por los españoles, que se enfrentan a una espiral de crisis sin freno desde 2007. El consenso de los analistas da por hecho que 2012 es un año perdido.
Sin embargo, el Gobierno y los grandes empresarios españoles tratan de insuflar aire a la sociedad augurando que el próximo año comenzará por fin la recuperación económica, aunque sea de forma tímida.
Pero no todos lo tienen tan claro: los servicios de estudios privados y los grandes organismos internacionales pronostican que España seguirá sufriendo el próximo año los efectos de la recesión más intensa, y extensa en el tiempo, desde que comenzó la democracia.
En el corto plazo, la evolución de los indicadores muestra que España camina por una senda muy peligrosa. El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, calcula que el PIB se desplomará un 1,7% durante este ejercicio, una estimación realista en comparación con el crecimiento fulgurante del 2,3% que pronosticaba la exvicepresidenta socialista, Elena Salgado.
El Indicador Sintético de Actividad, los datos internos que suele utilizar Economía para prever la evolución de la actividad a seis meses vista, se desploma ya a un ritmo del 1,4% en términos interanuales en el segundo trimestre, seis décimas más que en el primer cuarto del año.
Este índice (que tiene en cuenta la evolución del precio de la energía, de la confianza y de la actividad de la industria, entre otras cuestiones) es el que utilizaba en 2007 para alertar de que se avecinaba un parón en seco del país, cuando Zapatero todavía negaba en público la existencia de la crisis. El paro podría rozar pronto la temible frontera de los seis millones de parados.
Optimismo
En pleno fragor de la batalla, el Ministerio ha tenido que sacar a relucir optimismo de debajo de las piedras, en contra de la previsión de los analistas. De hecho, el ministro De Guindos aseguró la semana pasada que el PIB sólo caería un 0,3% en comparación con el mismo periodo del año anterior, a pesar de que la mayoría de los analistas esperan que la actividad podría llegar a caer hasta un 0,8%.
De hecho, algunos miembros del Ejecutivo dicen en privado que confían en medidas como el plan de proveedores y en la temporada turística para que la economía caiga este año menos de lo anunciado.
Si se mira el resumen de indicadores macroeconómicos que difunde el departamento de Guindos, este optimismo se volatiliza. La confianza de los consumidores, de los empresarios y de la industria sigue cayendo en picado; el consumo de energía sigue en número rojos, el consumo de cemento cae a un ritmo del 41,1%;la matriculación de turismos cayó un 21,5% en abril, y la disponibilidad de bienes de equipo y de consumo se encuentran en caída libre. Una brújula que dirige irremediablemente hacia más recesión y paro.
Más allá de las reformas que ha puesto en marcha el Ejecutivo, centradas sobre todo en garantizar la estabilidad de las cuentas públicas, casi todo depende de la evolución de los problemas europeos, un sudoku muy complicado de resolver.
En España, la esperanza es la macrooperación financiera impulsada por el ministro de Hacienda para pagar las deudas a los proveedores de las administraciones (una inyección de liquidez de 27.000 millones de euros al sector privado en muy pocos meses). Sin embargo, el país se encuentra rodeado de un gran número de fantasmas de los que será complicado librarse.
Podría decirse que el devenir de la economía española, y de la zona euro, lleva meses tambaleándose sobre una columna ateniense. De hecho, si Grecia decide finalmente salirse del euro, una posibilidad cada vez más real, las consecuencias serían impredecibles.
Un gran número de analistas opina que la salida de la economía helena de la moneda única provocaría una crisis más intensa que la que se produjo tras la caída de Lehman Brothers.
El problema es que la economía mundial, y mucho menos la española, aún no ha mostrado el más mínimo síntoma de recuperación desde hace cinco años. Es decir, que el punto de partida es mucho peor que en 2008.
Según el catedrático de Economía de la Universidad de Santiago, Luis Caramés, “España está sumida en una auténtica espiral recesiva, los daños estructurales son cuantiosos y la confianza tardará en recuperarse.
Se está imponiendo la impresión de que pocos, si hay algunos, saben la auténtica verdad de la situación, y no siempre parece conocerla el Gobierno. En este contexto, resulta aventurado pronosticar la magnitud de la caída, pero estamos lejos todavía de la salida”.
Otro de los problemas añadidos es la desconfianza sobre el sector financiero. España ha perdido mucho tiempo en los últimos años diciendo que la situación de la banca nacional era impecable, y ahora, cuando algunos países ya están recuperando el dinero que desembolsaron en rescatar a sus entidades financieras, el Gobierno se puede ver obligado a crear un gran banco público para sanear los balances de unas entidades demasiado expuestas al ladrillo.
Además, las entidades están teniendo que provisionar fondos a marchas forzadas para recuperar la confianza. En definitiva, el grifo del crédito seguirá cerrado previsiblemente durante este año y el próximo, un muro infranqueable incompatible con la recuperación.
Este escenario es el que ha llevado a economistas como Krugman a decir que temen un corralito en países como España. El profesor Carames, aunque cree que no hay que ser “catastrofista”, aclara que “no es muy improbable que haya que insuflar alguna financiación europea al sistema bancario”. De hecho, el propio presidente Mariano Rajoy titubeó al negar esta posibilidad hace varios días.
Coyuntura regional
Otro de los flancos abiertos que los inversores miran con gran preocupación es la situación financiera de las comunidades autónomas, que tendrán que emitir 35.000 millones de euros durante este año para cubrir los vencimientos de la deuda durante este año y el nuevo déficit que se genere.
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, abrió ayer la caja de pandora. Aseguró ante periodistas internacionales que Cataluña necesitará ayuda del Estado para pagar sus gastos corrientes en el corto plazo.
Mas es partidario de crear hispabonos, unas emisiones conjuntas para todas las autonomías que encuentra oposición en el seno del Gobierno central. Guindos ve con buenos ojos esta medida (cree que se ahorrarían 1.000 millones de euros) pero el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, es más partidario de los avales concretos a las comunidades a cambio de vigilancia monitorizada de sus presupuestos.
¿El temor? El mismo que tiene Merkel cuando se niega a impulsar los eurobonos en toda Europa: que el Tesoro tenga problemas para financiarse y que el Estado equipare el ráting de España a la de las comunidades, algunas con bono basura. Si la bomba de relojería de los impagos de las autonomías estalla, la sangría sólo se podría parar con el torniquete de la ayuda internacional.
En este escenario de máxima tensión, en el que la prima de riesgo volvió ayer al entorno los 500 puntos básicos, los líderes europeos han aparcado el debate sobre los eurobonos, en los que no hay punto de consenso posible, para abordar el eterno debate entre austeridad y crecimiento.
Merkel; el presidente de Francia, François Hollande; el primer ministro italiano, Mario Monti, y el líder del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, se reunieron la semana pasada en Bruselas para debatir medidas para impulsar el crecimiento de la eurozona. Se habló de la emisión de bonos para proyectos de inversión en la periferia de Europa y de potenciar el Banco Europeo de Inversiones.
Sin embargo, aún no se ha abordado oficialmente uno de los temas más cruciales: la relajación de los objetivos de déficit, imprescindible para todos los servicios de estudios y para el propio Gobierno, aunque oficialmente siguen defendiendo el sacrosanto objetivo de estabilidad del 5,3% para este año. Si en 2011 España sólo logró recortar 4.000 millones de euros, este año se enfrenta a un recorte 10 veces superior.
El nuevo dato de déficit que se dio a conocer justo hace una semana (del 8,9% del PIB, y no del 8,5% como se había anunciado en febrero) pone cada vez más de manifiesto que no será posible cumplir con las exigencias de austeridad de la UE durante este año, sobre todo ante un escenario recesivo que provocará el desplome de las bases imponibles de los grandes impuestos. Según los expertos, la UE debería conformarse con hechos y no con palabras.
Y el Gobierno ha demostrado hasta la fecha que está comprometido con la reducción de los números rojos, independientemente del acierto de algunas medidas.Una forma de compensar las políticas de austeridad con las de crecimiento es que la UE obligue a España a reducir el gasto improductivo pero que le permita manga ancha en partidas como la I+D+i o la inversión públicas, verdaderos multiplicadores del crecimiento.
Modelo
El debate entre la austeridad y el crecimiento entronca perfectamente con el de las previsiones económicas. De hecho, los analistas creen que si el PIB cae este año menos del 1,7% es precisamente porque la Administración no está ajustándose lo suficiente.
El escenario para el año que viene augura más de lo mismo, aunque curiosamente el Gobierno dice que la economía crecerá un 0,2% mientras que mantiene infranqueable la reducción del déficit al 3% del PIB. En cambio, servicios de estudios como el de la Comisión Europea y la OCDE, el club de los países ricos, opinan que el PIB estará en números rojos y descuentan que España no podrá conseguir reducir su déficit al límite marcado por las autoridades comunitarias.
Más allá de los pronósticos exactos, que casi nunca coinciden con la realidad, lo que hay que mirar es la tendencia. Y España, por méritos propios, se encuentra en el epicentro de una crisis de la que no se puede salir sin Europa. Además de la austeridad y de las reformas estructurales (España ha hecho objetivamente más en cinco meses que en ocho años), la recuperación depende de que Merkel y Hollande encuentren el rumbo de la eurozona.
