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El Consejo de Ministros aprobó una Ley de Endeudamiento Complementario por 30.000 millones de bolívares, (unos US$7.000 millones de dólares) adicionales que se sumarán a los US$19.000 millones de endeudamiento formal aprobado para este año, lo que representa un alza de un 36%.
La norma, que fue enviada a la Asamblea Nacional para su aprobación, busca cubrir gastos relativos a las pensiones correspondientes a la misión Amor Mayor y a las prestaciones sociales de los trabajadores.
El año pasado, la Asamblea Nacional aprobó una Ley de Endeudamiento Complementaria solicitada por el presidente Hugo Chávez por 45.000 millones de bolívares (unos US$10.500 millones).
El objetivo era financiar las misiones AgroVenezuela, Vivienda Venezuela, Trabajo Venezuela, pago de intereses y refinanciamiento de la deuda pública nacional y para atender emergencias y desastres naturales.
Todos estos recursos provienen de los excedentes de la venta por petróleo, así como los ingresos generados por el IVA y el ISRL. 'Estos excedentes son el resultado de una correcta política económica', aseguró el vicepresidente del gobierno socialista Elías Jaua.
La mayor parte del endeudamiento público suele ser contratado en moneda local, pero también son frecuentes las emisiones de bonos, que en el 2011 superaron los US$17.000 millones de dólares entre la República y la estatal Pdvsa.
El gobernante socialista, que busca la reelección en las elecciones presidenciales del 7 de octubre, aprobó el año pasado una ley de endeudamiento complementaria que casi duplicó el monto originalmente presupuestado para el ejercicio, mientras se encontraba de reposo en Cuba por una cirugía en la pelvis.
A principios de año, el Gobierno aprobó una reforma de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público. De acuerdo con el texto de esa reforma, el Estado podrá celebrar operaciones de financiamiento no planificadas para hacer frente a gastos extraordinarios producto de calamidades o catástrofes, así como para realizar refinanciamientos o restructuraciones de deuda pública.
La nueva solicitud surge también en momentos de bajos precios del crudo.
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