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Harvard pide a juez una decisión rápida en el caso de congelación de fondos en EE.UU.
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La escuela solicitó a la jueza federal de distrito Allison Burroughs que otorgara un juicio sumario, lo que significa actuar más rápidamente
Los abogados de la Universidad de Harvard instaron a un juez federal a dictaminar rápidamente que la congelación por parte de la administración Trump de aproximadamente US$2.600 millones en fondos federales es ilegal y que viola la libertad de expresión y los derechos regulatorios de la escuela.
En una presentación judicial el lunes, Harvard argumentó que Estados Unidos no ha presentado suficiente evidencia para demostrar que la acción de la administración fue una respuesta legalmente justificada para abordar el antisemitismo y un sesgo liberal percibido en el campus.
La escuela solicitó a la jueza federal de distrito Allison Burroughs que otorgara un juicio sumario, lo que significa actuar más rápidamente que en una demanda típica para restablecer la financiación de Harvard.
"La prisa del gobierno por congelar y terminar con miles de millones de dólares en fondos federales actuales y futuros para Harvard destinados a investigaciones críticas carece de los requisitos básicos para una toma de decisiones razonada", escribieron los abogados de Harvard en la presentación ante el tribunal federal de Boston.
Como la universidad más rica y antigua de Estados Unidos, Harvard se ha convertido en el principal blanco de los intentos del presidente Donald Trump de obligar a las instituciones educativas a combatir el antisemitismo, eliminar la percepción de sesgo político y eliminar los programas de diversidad, equidad e inclusión. Trump también pretende limitar la matrícula de estudiantes extranjeros de Harvard a 15%, revocar su exención de impuestos y cancelar sus contratos federales restantes.
Burroughs ha bloqueado temporalmente tanto la congelación de fondos como la prohibición estadounidense de permitir que Harvard inscriba a estudiantes internacionales, lo cual es objeto de una demanda separada.
La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Harvard afirma que Estados Unidos violó la Ley de Procedimiento Administrativo y sus derechos bajo la Primera Enmienda al intentar dictar decisiones sobre la contratación de profesorado, los programas académicos y la admisión de estudiantes. También afirma que Trump tomó represalias contra Harvard por negarse a sus exigencias de implementar cambios radicales en la universidad.
La escuela, que demandó a Estados Unidos el 21 de abril por financiación, exigió entonces que el Departamento de Justicia proporcione “todas las comunicaciones formales e informales entre los empleados de cualquier agencia federal implicada en la decisión de congelar las subvenciones y los contratos con Harvard”.
Esos registros deberían "incluir instrucciones de los funcionarios de la Casa Blanca", escribió el abogado Steven Lehotsky. El gobierno proporcionó a Harvard esos registros, que no están disponibles públicamente, con gran cantidad de información censurada.
En su presentación, los abogados de Harvard escribieron que los registros federales confirman “la prisa del gobierno por emitir un juicio” y que están “desprovistos de cualquier evaluación individualizada de los proyectos financiados por Harvard, los esfuerzos de la Universidad para enfrentar el antisemitismo o cualquier conexión entre ambos”.
Más bien, los registros dejan claro que «la directiva de congelar y cancelar cada dólar de los fondos de investigación de Harvard provino directamente de la Casa Blanca, que dictó la forma en que se darían dichas cancelaciones y estableció plazos arbitrarios para cada una», escribieron los abogados de la universidad. «Ese castigo contundente es la antítesis de la toma de decisiones razonada de la agencia».
Burroughs ha ordenado a los abogados de ambas partes que presenten mociones legales antes de celebrar una audiencia sobre el asunto el 21 de julio.
La universidad presentó alegaciones similares en materia de procedimiento y libertad de expresión en su demanda del 23 de mayo por la prohibición impuesta por Estados Unidos a los estudiantes extranjeros. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, sorprendió al campus un día antes al revocar de inmediato la autorización de Harvard para admitir estudiantes internacionales, a pesar de que la universidad participa en un programa estadounidense desde hace más de 70 años.
Noem afirmó que la universidad no respondió a preguntas sobre estudiantes extranjeros y disciplina. Para recuperar el permiso, Harvard recibió 72 horas para proporcionar información sobre los estudiantes extranjeros, incluyendo expedientes disciplinarios y videos de quienes participaron en las protestas.
Tras la demanda de Harvard, los investigadores de Noem emitieron un aviso de intención de retirar a Harvard de su Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio antes de la audiencia del 29 de mayo. Dicho aviso pareció responder a la afirmación de Harvard de que la revocación de Noem no siguió los procedimientos ni permitió que la universidad solucionara sus problemas.
Según estos procedimientos, Harvard tiene 30 días para presentar documentación escrita que convenza al departamento de Noem de que no la expulse del programa. Harvard también tiene derecho a presentar apelaciones administrativas si pierde el caso.
En la audiencia del 29 de mayo, Burroughs acordó extender una orden judicial que había puesto en vigor anteriormente sobre la prohibición de entrada a estudiantes extranjeros.
Harvard y su presidente, Alan Garber, refutaron algunas de las acusaciones del gobierno, como negar que sea una institución partidista. Garber afirmó que la universidad mejoró sus procedimientos disciplinarios y sus esfuerzos para fomentar la diversidad de pensamiento. En un informe crítico sobre antisemitismo, Garber se disculpó por no haber cumplido con las altas expectativas que legítimamente fijamos para nuestra comunidad.
“El gobierno no reconoce, y mucho menos aborda, las docenas de medidas que Harvard ha tomado y se ha comprometido a tomar para abordar el antisemitismo y los prejuicios”, escribieron los abogados en la presentación del lunes.
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