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Los esfuerzos del Gobierno para darle mayor eficiencia al gasto público es el tema en boga por estos días en la discusión económica
Los esfuerzos del Gobierno de Chile para darle mayor eficiencia al gasto público es el tema en boga por estos días en la discusión económica.
Aquello contribuyó en las públicas discrepancias entre el Ministerio de Hacienda y el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) la semana pasada, luego de un duro informe sobre la situación de las finanzas públicas que fue refutado con la misma fuerza por el ministro de Hacienda, Mario Marcel.
Pero al margen de dicha polémica, el Gobierno ha continuado dando pasos con el fin de racionalizar y hacer más eficiente el gasto público.
Una de ellas es el pronto envío de un proyecto de ley con el que el Ejecutivo busca terminar con la entrega de una serie de transferencias monetarias que realiza el Estado, pero que cuentan con evaluaciones técnicas deficientes o cuyo propósito ya es satisfecho por otras prestaciones y bonificaciones estatales.
Según explicaron en el Ejecutivo, la idea es ingresar el texto a tramitación este primer semestre, con el foco de eliminar bonos que no cumplen propósitos claros de política pública. Acorde a cálculos de la Dirección de Presupuestos (Dipres), este año la medida permitirá ahorrar en torno a US$ 5,7 millones, mientras que desde 2027 ese monto subirá a casi US$ 11 millones.
Este es un trabajo que partió en 2022, cuando Hacienda encargó al Sistema de Evaluación de Programas e Instituciones Públicas un análisis de las transferencias monetarias que realiza el Estado, la que servirá de base para el proyecto de ley señalado.
¿El objetivo? Identificar la perspectiva estratégica y alcance de las transferencias, así como también analizar si existían complementariedades y duplicidades a nivel de sus estrategias y beneficiarios.
Las transferencias fueron revisadas a través de la línea evaluación sectorial, la cual es un instrumento centrado en la mirada integral de un área de política pública.
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