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Auditoría a unidad de First Quantum concluye alto nivel de cumplimiento de Cobre Panamá
La principal preocupación se concentra en los hallazgos ambientales y en las implicaciones que estos puedan tener sobre cualquier decisión futura
La publicación del informe final de la auditoría integral de la mina Cobre Panamá abrió una nueva etapa en el debate sobre el futuro del proyecto minero más importante del país. Tras la entrega oficial del documento elaborado por la firma internacional SGS, representantes de los principales gremios empresariales solicitaron que la evaluación de los resultados se realice con criterios técnicos, evidencia científica y total transparencia.
El informe, solicitado por el Gobierno panameño, es el resultado de seis meses de inspecciones, revisión documental y análisis especializados sobre los aspectos ambientales, legales, fiscales y operativos de la mina. El documento, compuesto por 15 tomos y más de 370 compromisos evaluados, fue puesto a disposición del público a través de las plataformas oficiales del Estado, con el objetivo de facilitar el acceso a la información.
Desde el sector empresarial, la principal preocupación se concentra en los hallazgos ambientales y en las implicaciones que estos puedan tener sobre cualquier decisión futura respecto al proyecto. La presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, Apede, Giulia De Sanctis, señaló que la revisión del componente ambiental resulta prioritaria debido al interés ciudadano que ha despertado el tema.
La dirigente gremial indicó que la divulgación pública del informe permite que distintos sectores de la sociedad, incluidos especialistas, empresarios y ciudadanos, puedan examinar los resultados y construir posiciones sustentadas en la información técnica disponible. Asimismo, recordó que la discusión trasciende el ámbito ambiental, pues también involucra efectos económicos, sociales e incluso internacionales para Panamá.
Por su parte, el presidente del Sindicato de Industriales de Panamá, SIP, Rosmer Jurado, advirtió sobre las consecuencias económicas derivadas de la suspensión de las operaciones de la mina. Según el dirigente, el proyecto representaba cerca de 5% del producto interno bruto del país y constituía una importante fuente de empleo y actividad económica, especialmente fuera de la capital.
Jurado sostuvo que uno de los principales desafíos para Panamá consiste en fortalecer la inversión en las regiones del interior, donde se concentra gran parte del territorio nacional, pero una porción reducida de la actividad económica. En ese contexto, señaló que la seguridad jurídica se ha convertido en un elemento determinante para recuperar la confianza de los inversionistas y atraer nuevos capitales.
El líder industrial manifestó además que la controversia generada alrededor de la mina ha enviado señales de incertidumbre a los mercados internacionales, por lo que insistió en la necesidad de analizar la auditoría con objetividad y con base en datos verificables, evitando interpretaciones políticas o especulativas.
Desde la Federación de Cámaras de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, también se destacó la decisión de hacer público el documento. La organización consideró que la disponibilidad de la información permite a los distintos sectores del país construir sus propios criterios sobre el futuro del proyecto y fortalece los principios de transparencia en un tema de alto interés nacional.
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