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Desde que Odebrecht acordó en 2017 pagar la multa, únicamente ha desembolsado US$74,4 millones. La fiscalía sostiene que el incumplimiento ha generado acumulación de intereses
La Fiscalía Anticorrupción de Panamá reiteró su exigencia para que la constructora Odebrecht salde por completo la multa de US$220 millones que se le impuso tras admitir el pago de sobornos para asegurar contratos de obras públicas entre 2010 y 2014. Durante una audiencia realizada este lunes, el fiscal de cumplimiento, Javier Cuadra, pidió al juez que ordene el cobro inmediato de los US$146 millones que la compañía aún mantiene pendientes.
Como parte de la petición, el fiscal solicitó que se congelen y sean redirigidos al Tesoro Nacional todos los fondos que instituciones del Estado tengan destinados a pagos pendientes con la empresa brasileña, con el fin de aplicarlos al monto adeudado. La fiscalía ya había gestionado en enero la retención de US$2 millones que el Metro de Panamá debía entregar a la constructora por trabajos realizados en la Línea 1, también para ser aplicados como abono.
Desde que Odebrecht acordó en 2017 pagar la multa, únicamente ha desembolsado US$74,4 millones. La fiscalía sostiene que el incumplimiento ha generado acumulación de intereses, mientras que los abogados de la empresa alegan que esta atraviesa una situación financiera crítica debido a la pérdida de contratos públicos, lo que le impediría cumplir con las cuotas establecidas.
Los retrasos no solo afectan el pago de la sanción. El juicio a 26 personas vinculadas a delitos de peculado y corrupción en el caso Odebrecht volvió a aplazarse y fue reprogramado para el 13 de enero de 2026, tras haber sido pospuesto en tres ocasiones. La fiscalía explicó que aún no ha recibido información clave solicitada a Brasil, incluyendo declaraciones de exdirectivos de la empresa, consideradas fundamentales para precisar la responsabilidad penal de varios acusados.
Las demoras también se deben a problemas de notificación a procesados que se encuentran fuera del país, entre ellos el expresidente Ricardo Martinelli, quien está asilado en Colombia. Según el juzgado, transcurrieron más de cuatro meses desde que se envió una solicitud de cooperación judicial a Colombia sin obtener respuesta. Martinelli había permanecido primero en la Embajada de Nicaragua en Panamá, pero nunca recibió autorización para viajar a ese país, antes de trasladarse a territorio colombiano con salvoconducto.
A pesar de estas dificultades, la Fiscalía Anticorrupción afirma que cuenta con evidencias suficientes para sostener una acusación sólida. Entre los elementos del expediente figuran testimonios y documentación que acreditan los pagos ilegales realizados por Odebrecht, así como análisis de movimientos bancarios utilizados para ocultar las coimas. También se integran declaraciones obtenidas a través de acuerdos de colaboración con varios de los implicados, que refuerzan la estructura del caso.
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