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Cadena Cruz Verde calificó como “insólitas” las acciones ejercidas por Mastercard ante el TC y enfatizó que en la marca “no existe un verdadero interés por cuestionar"
El campo de batalla legal para la definición de las condiciones del mercado de tarjetas que estableció el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (Tdlc) y que estaba revisando la Corte Suprema se trasladó hasta el Tribunal Constitucional (TC). Ello, luego que Mastercard consiguió una victoria al lograr la admisibilidad de un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad sobre las atribuciones del Tribunal para dictar instrucciones.
La nueva puesta en escena llevó a que varios actores se concentren ante el TC. Empresas como Walmart, Copec, Farmacias Cruz Verde, Visa, junto a las fintech Dlocal, Flow, PayU y la Asociación de Empresas de Innovación Financiera de Chile (FinteChile) se hicieron parte de la causa.
Copec indicó en su escrito que Mastercard “no reclama un verdadero conflicto de constitucionalidad que este Tribunal deba remediar, sino que da cuenta de su disconformidad con la interpretación y aplicación que el Tdlc dio”.
La empresa criticó que Mastercard solamente incurrió al TC debido a que la decisión del Tdlc “no comparte y afectaría su interés económico”.
Cabe recordar que Mastercard apuntó en el TC que lo obrado por el Tdlc la afecta severamente y enjuició que las medidas para regular el mercado de tarjetas son “un tremendo retroceso al gran avance y desarrollo que ha vivido últimamente”.
Por su parte, Farmacias Cruz Verde, indicó que la empresa de tarjetas demuestra una forzada interpretación normativa al mencionar que el Banco Central tiene la potestad indirecta de regular la relación de las marcas de tarjetas con el resto de los actores.
La cadena de farmacias calificó como “insólitas” las acciones ejercidas por Mastercard ante el TC y enfatizó que en la marca “no existe un verdadero interés por cuestionar la inaplicabilidad de la norma legal impugnada sino que el objetivo es diverso: por una parte impugnar en términos amplios la facultad del Tdlc para dictar instrucciones generales y, por otra, dilatar y entrabar la eficacia de las instrucciones”.
La arremetida fintech
A nivel gremial, FinteChile, dijo al TC que el requerimiento de Mastercard “más que un supuesto conflicto entre un precepto legal y la Constitución, estamos en presencia de una clara disconformidad con una decisión judicial”.
El gremio sostuvo que las pretensiones de la marca “no se entienden por qué ni para qué” al tratar que se declaren inaplicables las atribuciones del Tdlc de dictar instrucciones para el mercado.
FinteChile recordó que las marcas de tarjetas no se encuentran bajo la supervisión del Banco Central ni de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), “tal como las mismas instrucciones reconocen el problema que precisamente dicho pronunciamiento del Tdlc ha querido corregir” y que por ello Mastercard está “intentando infructuosamente dejar sin efecto”.
La fintech uruguaya Dlocal ahondó que “la potestad normativa del Tdlc no es una institución reciente en nuestro sistema de defensa de la libre competencia, sino que existe desde los inicios del sistema y ha sido ejercida en diversos mercados”. Esto, en defensa de lo obrado por el Tribunal en la regulación del mercado de tarjetas.
Flow y PayU recalcaron que la Corte Suprema era la sede que debía conocer y zanjar las instrucciones que dictó el Tdlc para regular el mercado de tarjetas del país.
Los refuerzos de Visa
El principal competidor de Mastercard en Chile y en el mundo es Visa, empresa que salió a apoyar a su contrincante y advirtió que el Tdlc “impuso una serie de medidas que instalan un manto de incertidumbre en la industria”.
Visa aseguró que las medidas del Tdlc “no solo no tiene precedentes a nivel internacional, sino que nunca se ha impuesto una regulación tan extensa a una empresa en particular como a la nuestra”.
La marca argumentó que la regulación de la actividad del mercado de tarjetas se encuentra dentro de las potestades específicas de Banco Central y de la CMF.
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La enmienda y el proyecto de resolución requieren cada uno al menos nueve votos a favor y ningún veto de Rusia, China, Estados Unidos, Reino Unido o Francia para ser aprobados
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