Expresidente salvadoreño "Tony" Saca sale libre tras cumplir condena por corrupción

Elías Antonio "Tony" Saca, el primer expresidente salvadoreño condenado y encarcelado por corrupción en la historia reciente del país centroamericano, recuperó el jueves su libertad, tras una década en prisión.

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Saca, de 61 años, cumplió una condena reducida de 10 años tras haber sido declarado culpable de desviar y lavar más de 300 millones de dólares del presupuesto estatal durante su gestión.

"Venimos al tribunal a informar formalmente de la libertad. Así fue solicitado ayer mismo que salimos del centro penal correspondiente", dijo el abogado del exmandatario, Mario Machado, a periodistas al salir del tribunal acompañado de Saca.

La fiscalía salvadoreña había confirmado el miércoles en una publicación en X que Saca cumplió su condena carcelaria, aclarando que “los bienes, empresas, inmuebles, vehículos y demás propiedades” adquiridos mediante comprobados actos de corrupción no le serán devueltos al exgobernante, sino que seguirán bajo custodia y manejo estatal.

Saca, empresario y locutor radial, gobernó El Salvador entre 2004 y 2009 como miembro de la conservadora Alianza Republicana Nacionalista (Arena). En 2014, luego de su expulsión de Arena, buscó volver a la presidencia de la mano de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana), en una candidatura que meses más tarde sería declarada inconstitucional por el supremo salvadoreño.

El exjefe de Estado fue arrestado el 30 de octubre de 2016 durante la boda de su hijo por cargos de corrupción. Los fiscales afirmaron que había desviado fondos estatales para uso personal y para beneficiarios a sus aliados, incluyendo la canalización de fuertes sumas de dinero a su partido.

En 2018, un tribunal salvadoreño lo condenó a 10 años de prisión, que empezaron a contar desde su arresto en 2016, luego de haber acordado con la Fiscalía General un polémico juicio abreviado y una reducción de la pena sugerida de 30 años.

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Aparte del proceso penal, Saca fue sentenciado en un juicio civil a reintegrar una cifra millonaria al Estado, al ser encontrado responsable de enriquecimiento ilícito durante su mandato.