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HACIENDA

Estados Unidos apunta contra la emisión de bonos estatales de Venezuela

jueves, 24 de agosto de 2017

El gobierno de Donald Trump está evaluando una prohibición para que las instituciones financieras negocien con bonos venezolanos.

Carlos Gustavo Rodríguez Salcedo

El peor momento de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, tal como lo catalogó el presidente Nicolás Maduro, podría sufrir un nuevo revés si la administración de Donald Trump decide continuar con sus sanciones financieras en contra del gobierno latinoamericano. Según el Wall Street Journal (WSJ), la estrategia de las autoridades norteamericanas apuntaría contra la deuda venezolana.

El periódico de ese país reveló que Estados Unidos está pensando en prohibir que cualquier institución financiera que se encuentre bajo su regulación pueda comprar o vender bonos del Gobierno de Venezuela o de la estatal Petróleos de Venezuela. La decisión final, según el medio, está en las manos de Trump.

“Una opción que se está considerando es la prohibición de la comercialización de algunos papeles emitidos por la petrolera estatal para limitar su acceso a fondos externos”, explicó el WSJ. La emisión de deuda, junto con los ingresos que tiene gracias a las exportaciones de petróleo, se han convertido en la principal fuente de financiamiento de Maduro, en medio de la caída de sus reservas internacionales. El último dato que registró el Banco Central de Venezuela las ubicó en US$9.793 millones.

Wilson Tovar, director de investigaciones económicas de Acciones y Valores, añadió que de ser posible la materialización de estas sanciones, “le están cerrando las fuentes de financiamiento al país y le están obligando a buscar otras”. Además, dijo que los bonos ya emitidos perderían valor en el mercado por lo que entraría en duda la capacidad de pagar la deuda que tiene. Venezuela tiene alrededor de US$65.000 millones de deuda pendiente. Según Bloomberg, entre octubre y noviembre, el Gobierno tiene que pagar US$3.530 millones.

Ortega denunció corrupción

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, destituida por la Asamblea Nacional Constituyente, participó en una cumbre de fiscales de Mercosur, en donde aseguró tener pruebas que comprometerían al presidente Maduro con actos de corrupción.

Ortega denunció que el mandatario sería dueño de la empresa encargada de repartir las bolsas de alimentos que el Gobierno le entrega a la población. Además, dijo que al diputado Diosdado Cabello, uno de los hombres fuertes del chavismo, recibió US$100 millones por parte de la firma Odebrecht. También dio a conocer que volverá a Colombia y analizará la posibilidad de pedir asilo político, una opción que también le fue ofrecida ayer en Brasil.

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