Estados de EE.UU. presentan un desafío judicial a los aranceles y políticas de Trump

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Doce estados de Estados Unidos pedirán el miércoles a un tribunal federal que detenga los aranceles del "Día de la Liberación" del presidente Donald Trump, argumentando que excedió su autoridad al declarar una emergencia nacional para imponer impuestos generalizados a las importaciones de naciones que venden más a Estados Unidos de lo que compran.

Un panel de tres jueces del Tribunal de Comercio Internacional, con sede en Manhattan, escuchará los argumentos de una demanda interpuesta por los fiscales generales demócratas de Nueva York, Illinois, Oregón y otros nueve estados. Afirman que el presidente republicano ha buscado un "cheque en blanco" para regular el comercio "a su antojo".

Los estados afirman que el presidente malinterpretó gravemente la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para justificar los aranceles. La ley busca abordar amenazas inusuales y extraordinarias para Estados Unidos.

Trump ha afirmado que la historia de décadas de Estados Unidos de importar más de lo que exporta constituye una emergencia nacional que ha perjudicado a los fabricantes estadounidenses. Sin embargo, los estados argumentan que el déficit comercial estadounidense no es una "emergencia" y que la Ieepa no autoriza aranceles en absoluto.

El mismo panel de tres jueces escuchó argumentos la semana pasada en un caso similar presentado por cinco pequeñas empresas, y se espera que emita una decisión en las próximas semanas.

El fiscal general de Oregón, Dan Rayfield, dijo que los aranceles estaban aumentando los precios para las familias y las pequeñas empresas de Oregón y que le costarán a la familia promedio US$$3.800 adicionales por año.

"El presidente Trump impuso sus aranceles sin el Congreso, la participación ciudadana ni ninguna restricción, y alega que los tribunales no pueden revisar sus decisiones", declaró Rayfield. "Esto constituye un abuso de los poderes de emergencia".

El Departamento de Justicia ha declarado que la demanda de los estados debería ser desestimada, ya que estos solo han alegado "pérdidas económicas especulativas" en lugar de perjuicios concretos derivados de los aranceles. También ha argumentado que solo el Congreso, y no los estados ni los tribunales de EE.UU., puede impugnar una emergencia nacional declarada por el presidente en virtud de la Iieepa.

Un portavoz del Departamento de Justicia dijo que el departamento "continuará defendiendo enérgicamente la agenda del presidente Trump para enfrentar las prácticas comerciales desleales en los tribunales".

Tras imponer aranceles a China, México y Canadá en febrero, Trump impuso un arancel general de 10 % a todas las importaciones en abril, con tasas más altas para los países con los que Estados Unidos tiene los mayores déficits comerciales, en particular China.

Muchos de estos aranceles específicos para cada país se suspendieron una semana después, y la administración Trump redujo temporalmente los aranceles más elevados para China este mes mientras trabaja en un acuerdo comercial a largo plazo.

Los aranceles intermitentes de Trump han conmocionado a los mercados estadounidenses. El presidente los ha presentado como una forma de restaurar la capacidad manufacturera estadounidense.

La demanda de los estados es una de al menos siete impugnaciones judiciales contra las políticas arancelarias de Trump. California ha presentado una impugnación por separado ante un tribunal federal en San Francisco, y otras demandas han sido interpuestas por empresas, grupos de defensa legal y miembros de la Nación Blackfeet.

Las decisiones del tribunal, que escucha disputas relacionadas con el comercio internacional y las leyes aduaneras, pueden ser apeladas ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal en Washington, DC, y en última instancia ante la Corte Suprema de los Estados Unidos.