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UN informe destaca que estas empresas, lejos de contribuir al presupuesto estatal con excedentes, podrían terminar requiriendo apoyo financiero del Estado
Un reciente informe del Ministerio de Finanzas revela que varias empresas públicas del Ejecutivo atraviesan serias dificultades financieras. Entre las más afectadas están Celec, la generadora estatal de electricidad, Cnel, distribuidora eléctrica pública, y CNT, la empresa estatal de telecomunicaciones. Estas compañías muestran escasa liquidez, lo que impide que puedan generar excedentes para el Estado; por el contrario, se han convertido en un lastre para el crecimiento económico nacional.
Por ejemplo, Celec enfrenta no solo deudas acumuladas, sino también un déficit tarifario proyectado en 2025 que asciende a US$603,1 millones. Este déficit surge de cobrar tarifas más bajas de lo que cuesta producir la energía, lo que obliga al Estado a considerar subsidios o transferencias adicionales para cubrirlo. Además, Celec arrastra cuentas por cobrar pendientes, especialmente con Cnel, que adeuda unos US$551 millones hasta septiembre de 2025, lo que agrava aún más su fragilidad financiera.
La Cnel, por su parte, acumula grandes pasivos laborales y judiciales, sumado a una nómina expansiva con salarios elevados, en parte heredados de un polémico comité con beneficios especiales para alrededor de 1.800 empleados. Esto genera presión adicional sobre sus finanzas, limitando su capacidad operativa y de inversión.
En cuanto a CNT, la empresa registra una caída sostenida de ingresos entre 2020 y 2024: sus ingresos promedio se redujeron 13%, lo que equivale a unos US$81,3 millones anuales. Aunque redujo sus gastos, este recorte fue mínimo, aproximadamente 3%, o US$20,5 millones, lo que ha derivado en pérdidas recurrentes que en 2024 podrían superar los US$100 millones, marcando así un cuarto año consecutivo con pérdidas.
El informe destaca que estas empresas, lejos de contribuir al presupuesto estatal con excedentes, podrían terminar requiriendo apoyo financiero del Estado, con el consiguiente riesgo de comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas. Además, se advierte que un posible arbitraje internacional relativo a contratos fallidos con otra compañía podría generar indemnizaciones millonarias, lo que representaría una presión adicional sobre los recursos estatales.
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