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Tidavía persisten retos normativos para atraer la inversión que EE.UU. proyecta para modernizar el sector de hidrocarburos
Una propuesta de reforma a la ley petrolera de Venezuela es suficiente para alentar a las empresas que operan en el país a expandirse y a algunos nuevos participantes a comenzar a invertir, pero se necesitarían reformas más profundas para atraer los US$100.000 millones que Estados Unidos quiere para modernizar el sector energético del país, dijeron abogados y ejecutivos extranjeros y locales.
Estados Unidos ha tomado el control de las exportaciones e ingresos petroleros de Venezuela tras su incursión para capturar al presidente Nicolás Maduro a principios de este mes y un bloqueo naval para detener los envíos de petróleo en buques sancionados desde diciembre.
El petróleo es la principal fuente de ingresos del gobierno venezolano. Washington ha declarado que planea controlar los recursos energéticos y los ingresos del país indefinidamente para garantizar que Caracas gobierne de una manera que Estados Unidos considere acorde con sus objetivos de política exterior.
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha manifestado su deseo de que petroleras estadounidenses inviertan masivamente en la deteriorada industria del país para revertir décadas de mala gestión y falta de inversión. Para muchos inversionistas, uno de los mayores obstáculos para asegurar capital para Venezuela es un marco legal de larga data que otorga a la estatal PDVSA el monopolio de la operación de proyectos en el sector del petróleo y el gas.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, propuso este mes una reforma a la ley de hidrocarburos que autoridades del país discutieron el lunes con legisladores y ejecutivos petroleros de empresas como la estadounidense Chevron CVX.N y la india ONGC ONVI.NS, dijeron fuentes cercanas a las conversaciones. Se espera que la reforma sea aprobada el martes tras las breves consultas.
Los cambios otorgarían a los socios de PDVSA en empresas mixtas mayor control sobre sus proyectos, acceso directo a ingresos por las ventas de petróleo y condiciones operativas más flexibles.
Los socios actuales, que incluyen a Chevron, empresas europeas, chinas y rusas, llevan años solicitando estos cambios. PDVSA es el accionista mayoritario en más de 40 empresas mixtas tras una nacionalización hace dos décadas motivó a varias empresas a abandonar el país.
La acelerada reforma contribuye en cierta medida a acabar con el monopolio estatal, pero es necesario pulir parte del vago lenguaje de la propuesta, así como algunas cláusulas contradictorias sobre comercio e impuestos, según asociaciones del sector y abogados. De lo contrario, grandes compañías internacionales tendrían poco interés en invertir, añadieron.
Se espera que la reforma formalice un modelo de contrato de producción compartida que Maduro impulsó con poco éxito en los últimos años, permitiendo que empresas operaran en algunos yacimientos venezolanos.
Bajo una regulación laxa, este modelo coexistiría con las empresas mixtas actuales, pero los socios minoritarios en estas tendrían autonomía para gestionar su parte de la producción e incluso vender la participación de PDVSA si los precios negociados superan los acordados por la estatal y sus clientes.
La reforma permitiría al gobierno, a su discreción, reducir las tasas de regalías a hasta 15% desde el 33% actual. Esto reduciría la participación fiscal del gobierno venezolano, una de las más altas de América Latina, que los ejecutivos petroleros de Estados Unidos y otros países han señalado como problemática.
La reforma también permitiría el arbitraje independiente para resolver disputas, aunque no está claro si los casos podrían llegar a tribunales internacionales.
Sin embargo, se necesitarían muchas otras reformas para reducir impuestos y convertir al país en competitivo frente a otros productores de petróleo, según abogados y ejecutivos.
Las reformas tendrían que incluir cambios a la ley de impuesto sobre la renta de Venezuela, señalaron. También sería necesario eliminar otra legislación que incluye una disposición sobre un "impuesto sombra" que asegura al país no menos del 50% del valor de cada barril producido.
"Hay que lidiar con lo que se tiene", dijo Ali Moshiri, director ejecutivo de Amos Global Energy Management, que tiene participaciones en proyectos energéticos en Venezuela. "Si esta (industria) no se torna más atractiva, todo el progreso que queremos lograr en Venezuela se detendrá, incluyendo a los operadores actuales".
El Ministerio de Hidrocarburos de Venezuela tendría precedencia sobre la Asamblea Nacional y otros ministerios en materia de impuestos y cambios de propiedad para los proyectos, lo cual, según Moshiri, es positivo porque podría acortar los plazos de aprobación de los proyectos.
Otorgar control financiero y operativo de los proyectos a los socios de PDVSA también sería atractivo para las empresas foráneas, añadió. Esto incluiría la extracción del petróleo que les corresponde y su venta a donde deseen, algo común en otros países donde operan.
"Sería tan válido como en cualquier otro lugar, como una empresa conjunta típica", afirmó. El nuevo modelo de contratos de producción compartida podría ser atractivo para las pequeñas y medianas empresas, afirmaron él y otros ejecutivos.
"Esto es suficiente para la transición, hasta que haya un gobierno permanente en Venezuela", concluyó Moshiri.
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