El presidente Trump gana recurso sobre congelación de pagos para ayuda exterior

Una corte federal de apelaciones levantó el miércoles una medida cautelar que obligaba al Departamento de Estado de Estados Unidos a seguir realizando pagos de ayuda exterior, otorgando una victoria al presidente Donald Trump.

En una decisión por 2-1, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia dijo que un tribunal inferior se equivocó al ordenar al gobierno que restableciera los pagos de ayuda exterior previamente aprobados por el Congreso.

Trump impuso una pausa de 90 días en la ayuda exterior el 20 de enero, el mismo día en que fue investido para un segundo mandato en la Casa Blanca.

Su decreto fue seguido por medidas agresivas para destripar Usaid, la principal agencia de ayuda exterior del país, incluyendo la colocación de gran parte de su personal en excedencia y la posibilidad de situar a la agencia -anteriormente independiente- bajo el Departamento de Estado.

Dos grupos sin ánimo de lucro que reciben financiación federal, Aids Vaccine Advocacy Coalition y Journalism Development Network, presentaron demandas alegando que la congelación de fondos de Trump era ilegal.

El juez de distrito Amir Ali, designado por el expresidente Joe Biden, ordenó al gobierno pagar casi 2.000 millones de dólares en ayuda pendiente a sus socios humanitarios en todo el mundo.

Escribiendo para la mayoría de dos jueces, la juez Karen Henderson dijo que los grupos sin fines de lucro "carecen de una causa de acción para presentar sus reclamos" y, por tanto, no cumplieron con los requisitos para una orden judicial.

Henderson, que fue nombrada durante la administración de Ronald Reagan, dijo que la corte no abordó si la congelación de la ayuda exterior de Trump viola la Constitución al infringir el poder de gasto del Congreso. A su opinión se unió el juez de circuito Gregory Katsas, designado por Trump.

La juez Florence Pan, designada por Biden, escribió en una opinión disidente que sus colegas están permitiendo que el ejecutivo ignore la ley federal y la separación de poderes descrita en la Constitución.