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El gobierno justifica la renovación del estado de excepción ante la persistencia de hechos violentos, como homicidios, ataques con explosivos y atentados contra funcionarios públicos
El presidente Daniel Noboa decidió extender por 30 días el estado de excepción en cuatro provincias de la región costera de Ecuador (Guayas, El Oro, Los Ríos y Manabí), así como en el cantón Echeandía, en la provincia de Bolívar. La medida fue establecida mediante el Decreto Ejecutivo 175, firmado el 5 de octubre en Quito, con el fin de enfrentar la grave conmoción interna provocada por el accionar del crimen organizado en esas zonas.
Esta prórroga da continuidad a los decretos 76 y 109, emitidos anteriormente durante el mismo año, y responde también a las observaciones realizadas por la Corte Constitucional, que en su momento ajustó el alcance territorial del estado de excepción.
El decreto tiene como objetivo garantizar el orden público, preservar la paz social y asegurar la convivencia pacífica en los territorios afectados. Durante su vigencia, se suspenden derechos como la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, permitiendo a las fuerzas de seguridad ejecutar allanamientos, operativos e inspecciones en los lugares comprendidos por la medida.
A diferencia de decretos anteriores, en esta ocasión no se establece un toque de queda, aunque se autoriza el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para el control del orden público, la protección interna y la seguridad ciudadana.
El gobierno justifica la renovación del estado de excepción ante la persistencia de hechos violentos, como homicidios, ataques con explosivos y atentados contra funcionarios públicos. Entre los incidentes recientes se menciona un atentado contra el director de una cárcel regional en Guayas y agresiones con artefactos explosivos en Esmeraldas, situaciones que evidencian la presencia activa de grupos delictivos organizados. Con esta prórroga, el Ejecutivo busca reforzar las acciones de control y restablecer la seguridad en las zonas más afectadas por la violencia criminal.
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