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Los países están comenzando a implementar políticas orientadas a la reducción de emisiones.
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El principal objetivo de Gestionar la transición climática actual exige un equilibrio fiscal combinado con unas políticas adecuadas, según la entidad
Con el cierre de la oportunidad para combatir el calentamiento global, las naciones están implementando políticas orientadas a la reducción de emisiones. Muchas de estas medidas se basan en el gasto, como el aumento de la inversión pública y la promoción de energías renovables mediante subsidios. No obstante, en ciertos casos estas políticas conllevan considerables cargas fiscales.
El informe del Fondo Monetario Internacional, FMI, explica que la acción climática plantea a los responsables de políticas desafiantes dilemas. Principalmente, basarse en medidas de gasto y ampliarlas para alcanzar los objetivos climáticos resultará cada vez más costoso, incrementando la deuda pública hasta 45%-50% del PIB. Esta elevada deuda, junto con el aumento de las tasas de interés y perspectivas de crecimiento más débiles, complicará aún más la gestión de las finanzas públicas.
Sin embargo, mantener la situación actual expondrá al mundo al riesgo del calentamiento global. Los países tienen la opción de generar ingresos para aliviar la carga de la deuda a través de la imposición de precios al carbono, aunque depender exclusivamente de esto podría cruzar una barrera política crítica.
“La implementación de políticas climáticas efectivas es esencial en la lucha contra el cambio climático, pero se verá enfrentada por posturas políticas controversiales”.
“Al considerarse la flexibilidad un enfoque equitativo, podría permitir que los países elijan entre implementar un precio mínimo de carbono o utilizar otras políticas”.
“La implementación de políticas climáticas efectivas es esencial en la lucha contra el cambio climático, pero esta se verá enfrentada por posturas políticas tan controversiales como las de Donald Trump, quien considera que el cambio climático no existe”, declaró Wilson Tovar, gerente de Investigaciones, Acciones & Valores y profesor en finanzas, derivados y riesgos financieros.
Por lo tanto, los gobiernos enfrentan un trilema político entre lograr objetivos climáticos, sostenibilidad fiscal y viabilidad política. En otras palabras, perseguir dos de estos objetivos tiene el costo de sacrificar parcialmente el tercero, según el FMI.
Las experiencias exitosas de países en diversas etapas de desarrollo, como Chile, Singapur y Suecia, muestran que los obstáculos políticos asociados con la fijación del precio del carbono se pueden superar.
Los conocimientos de su experiencia beneficiarán, no solo a las casi 50 economías avanzadas y de mercados emergentes que ya cuentan con sistemas de fijación de precios del carbono, sino también a los más de 20 países que contemplan su introducción.
El FMI deja en claro que los costos fiscales varían en función de la combinación de políticas de ingresos y gastos adoptadas.
“Al considerar la flexibilidad un enfoque equitativo podría permitir que los países elijan entre implementar un precio mínimo de carbono o utilizar otras políticas efectivas para reducir las emisiones”, explica Omar Suárez, analista en Alianza Valores.
En su estudio, se observa que, en ausencia de medidas adicionales de ingresos o gastos, la deuda pública en las economías avanzadas podría aumentar en un rango de entre 10% y 15% del PIB para el año 2050.
Sin embargo, esto está sujeto a una incertidumbre debido a las diferencias entre países en términos de presupuestos gubernamentales, inversiones y subsidios, apoyos a los hogares y la dependencia de los combustibles fósiles.
Retrasar la implementación del precio al carbono resultaría costoso, ya que cada año de demora añadiría entre 0,8% y 2% del PIB a la deuda pública. “No olvidemos las necesidades de inversión, pues los países que requieran inversiones significativas en infraestructura y tecnologías limpias pueden verse más afectados por este retraso”, confirmó Tovar.
Aunque se estima que el aumento previsto de la deuda en las economías de mercados emergentes como resultado de la implementación de un conjunto de políticas climáticas podría ser similar al de las economías avanzadas, la contribución relativa de diversas medidas de ingresos y gastos difiere significativamente.
Esto se debe a la existencia de un mayor potencial de ingresos a través de la fijación de precios al carbono, pero también a necesidades de inversión más elevadas y costos de endeudamiento mayores que están influenciados por el nivel de deuda existente.
El FMI indica que, ningún país puede enfrentar la amenaza climática de forma individual, y el sector público por sí solo no puede resolverla. La mayor parte de la financiación necesaria para abordar el cambio climático debe provenir del sector privado.
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