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El organismo citó lo que denominó «información de inteligencia confirmada» para afirmar que la embarcación participaba activamente en actividades de narcotráfico
El Ejército de Estados Unidos informó el domingo que cuatro personas murieron en un ataque contra una embarcación en el mar Caribe, el más reciente de una serie de operaciones que, según Washington, tienen como objetivo a «narcoterroristas», pero cuya legalidad ha sido cuestionada por expertos y organizaciones de derechos humanos.
El Mando Sur de Estados Unidos informó en la red social X que «llevó a cabo un ataque letal y cinético contra una lancha rápida que operaba a lo largo de rutas establecidas de narcotráfico en el Caribe».
El organismo citó lo que denominó «información de inteligencia confirmada» para afirmar que la embarcación participaba activamente en actividades de narcotráfico, aunque no proporcionó más detalles ni presentó públicamente pruebas adicionales.
El Mando Sur agregó que cuatro personas, a las que calificó de «narcoterroristas», murieron durante el ataque.
El Gobierno del presidente Donald Trump ha asegurado que las embarcaciones atacadas por fuerzas estadounidenses desde septiembre de 2025 transportaban narcóticos.
Los ataques de Estados Unidos contra este tipo de embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental han dejado más de 220 personas muertas.
Expertos y defensores de los derechos humanos, tanto en Estados Unidos como en otros países, han cuestionado la legalidad de estas operaciones.
Human Rights Watch, Amnistía Internacional y expertos independientes de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, han calificado los ataques como ejecuciones extrajudiciales ilegales.
Ben Saul, relator especial de la ONU sobre derechos humanos y lucha contra el terrorismo, afirmó que existen «motivos razonables para creer» que estos ataques «constituyeron crímenes contra la humanidad por asesinato según el derecho internacional consuetudinario».
Por su parte, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles ha calificado las acusaciones del Gobierno de Trump contra las personas señaladas como objetivos de estas operaciones como «afirmaciones sin fundamento y alarmistas».
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