El caso Vodafone afectaría a más de 10 millones de usuarios chilenos y brasileños

El llamado caso Vodafone, es decir, la presión de algunos gobiernos para obtener información y acceso a las líneas privadas de sus clientes, que la propia compañía británica denunció, podría afectar a más de 10 millones de usuarios en Chile y Brasil, países latinoamericanos en los que la firma de telecomunicaciones está presente.

Mediante el “Informe de divulgación”, la empresa de telefonía advierte, sin identificar casos concretos, que en ocasiones se le ha pedido que facilite el acceso a líneas privadas. El gigante Vodafone, considerado el segundo operador del mundo, cuenta con un total de 434 millos de clientes en todo el globo, mayoritariamente en telefonía móvil, lo que representa 81% de los US$59.480 millones que declararon como ingresos en 2013.

En Brasil, donde desembarcó a finales de 2013, aún no existen datos comparativos sobre el número de clientes, pero el golpe en Chile, donde Vodafone opera a través de unión con Entel, llegaría a un total de 10.238.000 usuarios.

“Atacar un celular no es tan complicado. Pueden meter dispositivos para rastrear la señal, ya que este tipo de comunicaciones no vienen cifradas. Para protegerlos, un gobierno puede instalar un dispositivo que encripte las conversaciones o, si no lo hace, esa responsabilidad queda en manos de la operadora”, explicó Alejandro Jaramillo, experto en seguridad informática de FireEye.

Vodafone, que no da pistas sobre la identidad de los instigadores, sí revela en el reporte que son minoritarios los casos en los que se encuentra en países cuyas comunicaciones privadas no están protegidas jurídicamente. Según se desprende de sus resultados financieros, su mayor volumen de clientes se encuentra en la India (166 millones de personas), Sudáfrica (65,4 millones), Alemania (32,3 millones), Italia (27,8 millones), el Reino Unido (19,5 millones) y España (13,5 millones).

¿Por qué reconoce la compañía este tipo de presiones? Oficialmente, Vodafone asegura que busca que los Estados endurezcan sus leyes para proteger sus comunicaciones, pero en la práctica es un doble escudo ante posibles demandas y descenso en sus ventas anuales por todo el mundo.

“Si una telco (empresas de telecomunicaciones) suministra o permite el acceso a información de sus usuarios sería sancionada por los entes de regulación y sus funcionarios se encontrarían inmersos en actuaciones legales en su contra”, afirmó Andrés Fernando Ferrer Orozco, abogado especializado en derecho de las Telecomunicaciones.

Como explica este experto, las obligaciones contractuales recaen directamente sobre el operador, que se compromete a preservar la privacidad de las comunicaciones.

Por otro lado, están las ventas. Los US$59.480 millones ingresados en el pasado ejercicio fiscal (US$2.991 millones corresponden a las actividades en Chile) disminuirían sensiblemente si un escándalo de escuchas o fallas en la seguridad cayera sobre Vodafone, como destacó Julián Cardona, presidente de la Asociación de Ingenieros de Colombia (Aciem).

“Los operadores mantienen una preocupación básica, y es que las comunicaciones son privadas. La confianza que los usuarios depositan está basada en esa máxima. Si se interviene una línea telefónica debe hacerse mediante orden judicial”, dijo el analista.

Curarse en salud es fundamental, pues ninguno de los 434 millones de clientes de Vodafone (90% de ellos ciudadanos individuales) puede protegerse de eventuales acciones emprendidas por el operador, que posee los enlaces y circuitos por donde están adscritos los celulares, subrayó Cardona.

“Los chats como Whatsapp o Skype son más vulnerables al malware y también a la interceptación. Además, el operador de servicios no te va a garantizar que lo que se descarga en un dispositivo móvil sea 100% seguro”, señaló Jaramillo.

Las obligaciones de Vodafone no solo aplican a las comunicaciones de voz, datos, sonidos o imágenes, sino a la divulgación o utilización no autorizada de las mismas. Chilenos y brasileños podrían reclamar solo si descubren la filtración, que Vodafone no está obligada a admitir.

Agencias de seguridad bajo sospecha
Pese a que no se ha señalado a ningún organismo oficial como instigador de estas presiones, las agencias de seguridad globales, especialmente la estadounidense (NSA) y la británica, levantan suspicacias por su implicación en el escándalo destapado por el exagente de seguridad de la NSA, Edward Snowden.

El caso reveló supuestas escuchas de los servicios de inteligencia a mandatarios internacionales, y descubrió la facilidad para interceptar llamadas en celulares aparentemente protegidos.

Las Opiniones

Andres Fernando Ferrer Orozco
Abogado en Derecho de Telecomunicaciones
“Si una telco suministra o permite el acceso a información de sus usuarios, sería sancionada por los entes de regulación”.

Julián Cardona
Presidente de Aciem
“Los operadores mantienen una preocupación, que es que las comunicaciones son privadas, y la confianza está basada en esa máxima”.