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Claudia Sheinbaum, presidente de México
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Busca reducir el tamaño del Senado a 96 escaños desde sus 128 actuales y eliminar el uso del sistema de representación proporcional para elegir a algunos miembros de la cámara alta
La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer una propuesta para reformar las elecciones mexicanas, impulsando así los planes de reformar otra institución importante a pesar del rechazo dentro de su coalición gobernante.
En su conferencia de prensa matutina del miércoles, Sheinbaum detalló un plan de 10 puntos que busca recortar el financiamiento a las autoridades electorales y a los partidos políticos, a la vez que reduce el número de legisladores en el Senado. Según ella, se trata de una iniciativa destinada a frenar el gasto electoral desorbitado, pero que los críticos consideran un intento de consolidar el dominio de su partido gobernante, Morena, en la política mexicana.
El plan propone recortar el financiamiento público a los partidos políticos en un 25% y reducir el número de organismos que están directamente bajo el control del organismo electoral nacional de México, el INE, dijo Pablo Gómez, jefe de una comisión presidencial sobre reforma electoral.
Busca reducir el tamaño del Senado a 96 escaños desde sus 128 actuales y eliminar el uso del sistema de representación proporcional para elegir a algunos miembros de la cámara alta.
La propuesta mantendrá el sistema de representación proporcional mexicano, cuyo objetivo es garantizar que los partidos más pequeños obtengan escaños en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Sin embargo, se modificarán algunas reglas, lo que obligará a los legisladores a hacer campaña individualmente en lugar de en listas de partido. El plan también busca elegir a ocho legisladores de la Cámara de Diputados que residan en el extranjero.
“Este es un compromiso del presidente con el pueblo”, dijo Sheinbaum. “Quienes quieran apoyarlo, bien. A quienes quieran mantener el privilegio de las listas, el pueblo también los va a señalar”.
La reforma electoral, una prioridad de larga data del aliado y predecesor de Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador, sigue a un intento exitoso de reformar el sistema judicial de México, un esfuerzo que generó críticas similares de los opositores, irritó a los inversores y generó un creciente malestar sobre el sistema judicial del país.
Pero aún no está claro si podrá llevar adelante un proyecto que se le escapó a AMLO, el expresidente cuya reforma electoral fue frustrada por protestas callejeras masivas y la Corte Suprema de México.
La iniciativa de Sheinbaum ya ha generado una reacción negativa de partidos aliados más pequeños, y algunos legisladores se resisten a las reducciones propuestas en la cantidad de fondos públicos que recibirían y a la perspectiva de tener menos escaños en el Congreso.
Se esperaba que los líderes de Morena presentaran la propuesta a principios de este año, pero han tenido dificultades para conseguir aliados de partidos más pequeños, lo que amenaza su capacidad de asegurar las supermayorías de dos tercios necesarias para aprobar cambios constitucionales.
Sheinbaum ha dicho que está abierta a un acuerdo. Pero también ha insinuado que las disposiciones para reducir el gasto y el número total de legisladores son un límite. Los legisladores de Morena planean intentar aprobarlo sin cambios sustanciales, según declaró a la prensa la semana pasada Ricardo Monreal, líder de Morena en la Cámara de Diputados.
Los opositores a la reforma han argumentado que los cambios al sistema de representación proporcional plantean un riesgo particular a la democracia del país al ayudar a Morena, que ha surgido como la fuerza política dominante del país desde la victoria presidencial de AMLO en 2018, a fortalecer su poder.
En la actual legislatura, 32 de los 128 senadores y 200 de los 500 miembros de la Cámara Baja de México fueron elegidos bajo el sistema de representación proporcional.
AMLO criticó con frecuencia a los reguladores e instituciones independientes de México para que los reformaran, argumentando que organismos como la Suprema Corte o el INE estaban obstaculizando la democracia en lugar de protegerla. Su animosidad hacia la autoridad electoral se acentuó tras acusarla de fraude en su estrecha derrota electoral de 2006 y de permitir prácticas desleales en su derrota de 2012.
Obtuvo la aprobación legislativa para una reforma que recortó el presupuesto del INE durante su presidencia, pero el máximo tribunal de México finalmente la dictaminó inconstitucional.
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