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Una vez conocida la decisión, en octubre de 2014, Venezuela pidió una revisión, con lo que pudo paralizar el pago de la indemnización. Sin embargo, el reciente dictamen, enviado a las partes el 12 de junio, sostiene que la suspensión del pago "se levanta automáticamente".
El país sudamericano argumentó su decisión de solicitar una revisión por considerar que se debía descontar a la indemnización 908 millones de dólares que ya había cancelado a Exxon por una decisión previa de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede en París.
"El tribunal concluye que la solicitud no tenía el propósito de solicitar la revisión del laudo (...) sino de entorpecer el rápido intento de las demandadas de ejecutar el laudo", dijo el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) en la decisión sobre la revisión.
El Gobierno no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios. Pero en octubre, cuando se conoció la decisión del panel arbitral sobre el caso, Rafael Ramírez, el ministro de petróleo de entonces, anunció que Venezuela tenía previsto cumplir con el pago que ordenara el tribunal de arbitraje.
A principios de febrero, Venezuela también solicitó la anulación de la decisión, un proceso que aún sigue su curso.
La demora en la ejecución del fallo dio oxígeno a las delicadas finanzas de Venezuela, bajo presión en medio de un desplome de los precios del crudo, su principal fuente de divisas.
En 2007, el fallecido presidente Hugo Chávez ordenó la expropiación de una serie de desarrollos petroleros, incluido el proyecto de crudo pesado Cerro Negro y otro más pequeño llamado La Ceiba, ambos operados por Exxon.
A pesar de haberse retirado del Ciadi en 2012, Venezuela enfrenta una treintena de millonarios arbitrajes internacionales en esa corte luego de una agresiva política de nacionalizaciones llevada a cabo por Chávez durante sus 14 años en el poder.
El más oneroso de ellos es el que mantiene con la petrolera estadounidense Conoco Phillips que solicita unos US$31.000 millones.
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